CESIDA advierte: dejar a los inmigrantes irregulares sin tratamiento contra el VIH supondrá graves consecuencias sanitarias

Uno de los colectivos socialmente más vulnerables, el de los extranjeros en situación irregular que viven con VIH, empieza a sufrir las consecuencias de la nueva política sanitaria del Gobierno español, que con el Real Decreto Ley 16/2012 acabó de un plumazo con la universalidad de la atención sanitaria en nuestro país. En Madrid, y según ha denunciado COGAM, ya se les está denegando la renovación de su tarjeta sanitaria, pese a que la exclusión entra en teoría en vigor el 31 de agosto. Desde CESIDA, por otra parte, se advierte de las gravísimas consecuencias de esta decisión.

CESIDA -Coordinadora Estatal de Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH, que aglutina a 89 entidades- advierte en una nota de prensa enviada a dosmanzanas que la falta de atención sanitaria en patologías crónicas provocará numerosas complicaciones que de otra forma se habrían evitado y que requerirán la utilización de las urgencias (a los que estos pacientes si que podrán acudir) incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial y suponiendo en consecuencia, mayor gasto sanitario. «Como está demostrado, es mucho más eficaz y económico el tratamiento y el diagnóstico precoz que los ingresos hospitalarios y la atención en urgencias. En el caso de las personas con VIH/Sida, esta medida supondrá una sentencia de muerte. Se les negará la asistencia y el tratamiento, que son la única opción terapéutica para tener un buen estado de salud y evitar la trasmisión de esta infección a otras personas», denuncia CESIDA. «Muchos inmigrantes dejarán de tomar la medicación y el peligro de trasmisión aumentará exponencialmente, y al haber estado anteriormente medicados, se generarán resistencias a los tratamientos actuales, lo que supondrá complicaciones en los tratamientos futuros», añade.

«No controlar sanitariamente a la población inmigrante, supone un porcentaje muy importante de nuevos casos de VIH, tuberculosis, hepatitis u otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y podríamos llegar a tener un aumento de la carga global de la enfermedad y del nivel epidemiológico que no se podrá controlar, al estar excluidos este colectivo en los controles estadísticos. Todas estas medidas ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchas personas, y además supondrán un grave problema para la salud pública», explican desde CESIDA.

COGAM: es una medida clasista y xenófoba

Como decíamos antes, COGAM ha denunciado que de hecho en Madrid ya no se renueva la tarjeta sanitaria a este colectivo pese a que todavía la medida no es efectiva. “No se trata de un error,  como dijo la señora Aguirre en la Asamblea de Madrid. Es un hecho que  hemos podido comprobar por nosotros mismos. Diferentes centros de salud  de la Comunidad de Madrid no pueden aplicar las mismas medidas por error o desconocimiento, hay una orden interna que regula estas situaciones. Esta es una medida clasista y xenófoba”, ha afirmado Kike Poveda, coordinador del grupo Entender en Positivo de COGAM.

El presidente de COGAM, Agustín López, considera de hecho que la exclusión de estos pacientes «atenta contra los derechos humanos». «Si aquí hay algún error es de concepto. La salud, individual y colectiva, no debería ser  valorada según criterios económicos”, añade.

¿Atendidos por ONG?

CESIDA no es la primera organización en denunciar el peligro que supone esta medida. Ya lo hizo la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). “No tratar, así como no diagnosticar, no solo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una cuestión de Salud Pública. Una persona infectada con el VIH, y no diagnosticada por el motivo que sea –miedo, desconocimiento, falta de tarjeta sanitaria, etc.- puede transmitir la infección a más personas que si ya estuviera diagnosticada y tratada», advertía. Fue tras esta denuncia de SEISIDA cuando la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, argumentó que este colectivo no quedaría desprotegido gracias a la firma de «convenios» entre las comunidades autónomas y ONG.

Un parche que CESIDA rechaza de plano. «Han llegado informaciones desde el Ministerio de Sanidad en relación a su respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular: la beneficencia, o, en lenguaje políticamente correcto, ‘convenios con ONG’ para ofrecer asistencia sanitaria a esta población. Incluso, se ha planteado la creación de bancos de fármacos para su dispensación a las personas inmigrantes y con VIH (…) Ante esta situación, CESIDA se posiciona a favor de incluir a toda la población en la red sanitaria, no para mantener su exclusión, ya que constituye, por sí misma, una sanidad de segundo nivel y sin las garantías que se debe ofrecer y apuesta por una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas que residan en nuestro país», afirma CESIDA.

También COGAM califica la idea como un sistema de beneficencia. «Es una medida que  rechazamos y que valoramos alejada de la realidad ya que  supone crear  un sistema sanitario ‘de beneficencia’ inasumible desde estas entidades», explica.

CESIDA llama a la objeción de conciencia a los sanitarios

CESIDA finaliza su comunicado haciendo un llamamiento «a la ética y a la razón para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos». También reivindica el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales del Sistema Nacional de Salud respecto a la aplicación efectiva del Real Decreto Ley «por inmoral, injusto y peligroso en términos de salud pública».