El director de un colegio concertado de Alcorcón compara la ley madrileña contra la LGTBfobia con el fanatismo terrorista en una carta al alumnado

En su carta de bienvenida al nuevo curso escolar, dirigida a los alumnos y sus familias, el director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón arremete contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia, a la que se refiere como «Ley de Ideología de Género». Incluso llega a afirmar sobre la legislación aprobada por unanimidad de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid que “el parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”. La misiva iba acompañada de la nota conjunta del pasado mes de agosto de tres obispos madrileños, en la que se calificaba la nueva normativa autonómica de “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y se hacía un llamamiento a la desobediencia civil a la ley. Desde el colectivo Arcópoli, que ha dado a conocer la misiva, se denuncia que “es inadmisible que hoy en día se afirme que educar en igualdad y tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como ‘fanatismo terrorista’ y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid”.

El colegio Juan Pablo II de Alcorcón pertenece a la Fundación Educatio Servanda, pero se financia con fondos públicos provenientes de los impuestos de todos los ciudadanos, al ser un centro concertado. Una de sus características es la segregación por sexo, es decir, la educación se ofrece a los niños y a las niñas en clases separadas.

El pasado 9 de septiembre, el director del centro educativo, Carlos Martínez, ha dirigido a los alumnos y sus familias una carta de bienvenida al curso escolar, en la que expresa su preocupación por que “los atentados terroristas llegan a nuestras puertas, mientras que nuestros políticos parece que se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas”.

Tras referirse a los pasados atentados de Niza y abogar por la difusión de las creencias católicas, el director arremete con saña contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia, en los siguientes términos:

Y mientras tanto, nuestros políticos más cercanos [suponemos que en referencia a los representantes del Partido Popular], aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente Ley de Ideología de Género [sic] aprobada en la asamblea de Madrid. ¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho  inalienable de los padres a la educación a los hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! La mentira siempre tiene miedo a la luz de la verdad y al contraste de ideas. El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante.

A la carta, el director ha acompañado una copia de la nota que tres obispos madrileños difundieron tras la aprobación de la ley contra la LGTBfobia, bajo el título de Tiempo de sanación [sic], no de lamentaciones, en la que calificaron la nueva normativa de “ataque a la libertad religiosa y de conciencia” e hicieron un llamamiento a la desobediencia civil.

La ley contra la LGTBfobia

El 14 de julio de 2016, los cuatro grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) aprobaron por unanimidad la denominada “Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid”. Una norma, en definitiva, contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género y contra la LGTBfobia, que ha colocado a Madrid entre las comunidades que ya han aprobado iniciativas similares.

Impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, el hecho de que el PP no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea permitió que los grupos de la oposición enriquecieran el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB de la región, que ofrecieron su apoyo decidido al proyecto. La histórica votación quedó solo empañada por la ausencia de dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral y David Pérez, este último precisamente alcalde de Alcorcón (que recientemente ha protagonizado otra polémica al anunciar su intención de demandar al colectivo Arcópoli).

La ley madrileña, entre muchas otras medidas contra la discriminación de las personas LGTBI, obliga a los centros educativos a abordar en las aulas la diversidad sexual y de género, apartado que es el que ha despertado las iras tanto de los obispos como del director del Juan Pablo II. En cuanto al capítulo sancionador, que también es referenciado en la “carta de bienvenida”, las multas podrán llegar, en los casos muy graves, hasta los 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta tres años, la inhabilitación temporal por un periodo de hasta tres años para ser titular de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos.

Los obispos contra los derechos LGTB

Tras la aprobación de la ley contra la LGTBfobia, no tardó en llegar una nota firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa (diócesis titular sin territorio asignado) y auxiliar de Getafe, José Rico. Se trataba de los mismos tres obispos que ya antes cargaron contra el órgano legislativo autonómico por aprobar una avanzada ley integral de transexualidad, por lo que parece consolidarse en la Iglesia madrileña una especie de “triunvirato del odio” ferozmente opuesto a los derechos de las personas LGTB.

Los obispos consideraban la ley “un ataque a la libertad religiosa” y se mostraban especialmente enfurecidos por el hecho de que incluyese entre las infracciones muy graves la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Algo que los obispos consideraban “un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar”. Tras expresar su rabia por los contenidos de la ley, los obispos aseguraban que “cuando no se busca la Verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología —en este caso la ‘ideología de género’—  y se coacciona la libertad con sanciones y persecución: nada nuevo bajo el sol”.

Denuncia de Arcópoli

Quien ha dado a conocer públicamente la misiva del director del Juan Pablo II de Alcorcón ha sido el colectivo Arcópoli, en su compromiso con la lucha contra la LGTBfobia. También han emitido el siguiente comunicado de denuncia y exigencia de medidas al respecto:

Arcópoli exige a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo que tiene con el Colegio Juan Pablo II de la ciudad de Alcorcón debido a las informaciones que nos han ido llegando a través de sus alumnos. Según la documentación facilitada, el director del colegio envió una carta firmada a todos los estudiantes para incitarles a no cumplir la ley aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid y poder evitar “la ideología de género” afirmando que la ley “conculca los derechos fundamentales”.

Arcópoli ha intentado varias veces reunirse con la Secretaría del Centro Educativo para poder ver cómo ir implantando la ley así como debatir sobre la opinión sesgada con la que tratan de adoctrinar a sus alumnos, pero nadie del Colegio ha respondido a nuestra invitación. También nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para expresar nuestra preocupación ante la situación del alumnado LGTB en este centro sufragado con dinero público, ya que, supuestamente, según alumnos que se han puesto en contacto con Arcópoli, el único mensaje que se transmite acerca del colectivo LGTB es que “la homosexualidad es una enfermedad” y que “es posible curar a los homosexuales”.

Desde Arcópoli creemos que la libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad. La libertad religiosa no permite que cualquier religión pueda adoctrinar en sus colegios a sus estudiantes en contra de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud y de las leyes emanadas de los Parlamentos. Preocupante precedente tendríamos si permitiésemos a una religión adoctrinar en los colegios en contra de las leyes españolas.

Creemos que en España no deben caber los centros educativos sufragados con fondos públicos donde se adoctrine a menores de edad afirmando que determinadas leyes españolas parecen “fanatismo terrorista” porque clamen por la igualdad para homosexuales, transexuales y bisexuales. La libertad religiosa no debe permitir vulnerar el derecho a la igualdad ni a la libertad, seguir infundiendo mentiras y prejuicios sobre la orientación sexual en pleno s.XXI a menores de edad en el momento clave de su desarrollo personal, solo conlleva mayor sufrimiento a los adolescentes LGTB, de los cuales un 43% ha llegado a pensar en el suicidio como una opción.

La ley LGTB de la Comunidad de Madrid reivindica el derecho a la integridad psíquica, en todas las fases de su vida y los ámbitos de actuación así como defiende el reconocimiento de la personalidad incluido el derecho de la persona a construir una autodefinición con respecto a la orientación sexual. Esto se ve claramente vulnerado en este centro educativo de la CAM. Según esta ley, la Consejería de educación favorecerá la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI y exigimos a esta Consejería que así lo haga y si no se cumple, se retire el concierto educativo, por vulneración de la ley LGTB.

Yago Blando, Coordinador de Arcópoli, exige que la Consejería de Educación se implique y exija a este colegio que desafía las leyes, la realización de acciones de respeto hacia el colectivo LGTB en el centro para salvaguardar su dignidad y la igualdad de todos los alumnos: “es inadmisible que hoy en día se afirme que educar en igualdad y tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como “fanatismo terrorista” y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid”.