La justicia colombiana restaura la validez de otro matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido anulado

Pese a las fuertes presiones sobre el poder judicial del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, la estrategia jurídica de este contra el matrimonio igualitario ha recibido un nuevo varapalo. Por segunda vez en pocos días, el Tribunal Superior de Bogotá ha restablecido la validez de un matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo y luego anulado como resultado de una acción de tutela promovida desde la órbita de la Procuradoría. A día de hoy ambos matrimonios siguen siendo plenamente válidos.

Se traten esta ocasión del matrimonio entre Adriana González y Marcela Rojas, que había sido celebrado el 4 de octubre por el juzgado 44 civil municipal de Bogotá, y que había sido anulado por un juez después de que la “Fundación Marido y Mujer” interpusiera una acción de tutela (se trata de una organización contraria al matrimonio igualitario cuya acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría). Esta pareja, recordemos, había escrito una carta a Alejandro Ordoñez, que puedes leer íntegramente aquí. “Sentimos al dirigir estas palabras una profunda tristeza del país que se ha forjado y de los gobernantes como usted,  que utiliza su poder, nuestros impuestos y su rabia para impedir que la gente viva feliz y en paz. ¿Qué daño le estamos causando a usted y a su familia?”, le preguntaban.

La «desanulación» de este matrimonio ocurría pocos días después de que el Tribunal Superior de Bogotá hiciera lo propio con un primer matrimonio, el celebrado Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro, celebrado el 20 de septiembre, al considerar que la acción de tutela no es un mecanismo procedente en este tipo de casos.

Estas decisiones suponen un duro golpe a la estrategia de Alejandro Ordóñez, pero no ponen punto final a la batalla jurídica. Ya tras el primero de los fallos desde la Fundación Marido y Mujer se insistía en que el debate de fondo no quedaba despejado, sino que «sencillamente se dice que la tutela no procedía como mecanismo de revisión procesal”. Desde la organización LGTB Colombia Diversa, por su parte, han reaccionado con alegría, pero al igual que hicieron con el primer matrimonio advierten de que se trata de una batalla más en el camino hacia la consolidación de la igualdad jurídica. «Siempre dijimos que la tutela no es el mecanismo más idóneo para anular matrimonios, siempre hemos dicho que los jueces están actuando de acuerdo a la autorización que les da la Corte Constitucional frente al matrimonio civil de parejas del mismo sexo», ha declarado ahora su presidenta, Marcela Sánchez.

Los antecedentes del culebrón jurídico

Los jueces que celebran matrimonios, como hemos informado en anteriores entradas, no pretenden sino dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional de Colombia, que en una histórica sentencia ratificó en 2011 que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario promovido por el senador Benedetti fracasara en el Congreso, dando lugar a una situación de incertidumbre jurídica aún no resuelta. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución jurídica inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez, el 11 civil municipal de Cali, ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, el ya mencionado entre Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro.

Además de los dos matrimonios «desanulados»; sigue por supuesto vigente el celebrado el 25 de septiembre en Gachetá entre Claudia Zea y Elizabeth Castillo, en cuyo caso la acción de tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer fue directamente desestimada.

La estrategia de Ordoñez

Frente a esta situación, el procurador general, Alejandro Ordoñez (un fervoroso católico) no solo ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario el eje de su acción, sino que ha involucrado en ello a los funcionarios bajo su servicio. Como ya recogíamos hace pocos días, a través de una serie de circulares, el procurador les ha requerido intervenir en todos los procesos judiciales que se susciten y ha invitado a interponer todas las acciones y recursos judiciales disponibles. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles pidió incluso disponer semanalmente de información sobre el número de solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo presentadas ante las oficinas de reparto, centros de servicios judiciales o administrativos y juzgados civiles municipales. El senador Armando Benedetti, autor del fracasado proyecto de ley de matrimonio igualitario, consideraba la situación inaudita, y expresaba su opinión de que las acciones de Ordoñez tienen como objeto amedrentar a los jueces para que no se atrevan a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

Por otra parte, como ya recogimos en una anterior entrada, pero repetimos ahora dada su relevancia para comprender hasta donde llega el pulso institucional entre el procurador y el poder judicial, desde los sectores conservadores se ha desatado una segunda batalla política contra la Corte Constitucional, que ya hace unas semanas se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez.

Ahora es la mencionada Fundación Marido y Mujer, junto a otra denominada “Pensamiento Juvenil”, la que ha denunciado a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de “usurpación de funciones” por fallar a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo o del aborto en los casos de violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre. Hay que tener en cuenta que tal y como se están desenvolviendo los acontecimientos no es improbable que finalmente la Corte Constitucional se va obligada a pronunciarse sobre el matrimonio igualitario de una forma más explícita que como lo hizo en 2011.

Petición en marcha en AllOut.org

La situación creada en Colombia, donde un órgano del estado ha puesto sus recursos al servicio de la causa homófoba con el indisimulado objetivo de a los jueces que se atrevan a hacer la interpretación más garantista de la sentencia de la Corte Constitucional, ha llevado a la organización AllOut.org a poner en marcha una recogida de firmas con el objeto de solicitar a Ordoñez que ponga punto final a sus acciones contra el matrimonio igualitario. “La constitución colombiana dicta que el Procurador General de la República debe proteger los derechos humanos de todos los colombianos, no privarlos de ellos. Le pedimos que deje de anular los certificados de matrimonio de las parejas de mismo sexo y que defienda el derecho de todos los colombianos y colombianas por casarse con quien aman”, reza el texto.

Puedes sumarte a la petición pinchando aquí. AllOut.org quiere conseguir al menos 25.000 firmas y dar a conocer en todo el mundo la situación. Por el momento lleva casi 9.000 recogidas.