Obama anuncia una orden que prohibirá a las empresas que trabajen para el Gobierno federal discriminar a personas LGTB

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitirá una orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. La decisión, largamente reclamada por los colectivos LGTB, no se ha tomado hasta que no ha quedado meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

La ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo) ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama (el propio presidente reclamaba hace meses al Congreso, en una apasionada carta publicada por The Huffington Post, que aprobara el proyecto).

El Senado, de mayoría demócrata, le daba su visto bueno en noviembre, logrando además el voto favorable de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto, que según él solo serviría para aumentar las “litigaciones frívolas” y perjudicar al empleo. Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. «Hemos esperado algunos meses para que la cámara baja tomara medidas, y desafortunadamente no hay indicios particularmente sólidos de que el Congreso vaya a actuar», justificaba el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La noticia tiene un sabor agridulce: por un lado, una vez que la orden ejecutiva sea emitida (no se ha comunicado aún la fecha concreta) unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género. Supone, sin embargo, la constatación de que el Congreso se niega a aprobar una vez más una ley que garantice de una forma más amplia que esto no suceda (y ello a pesar de que en su forma actual el proyecto ya contempla significativas exenciones. Solo es aplicable a empresas con 15 o más trabajadores, lo que deja fuera a las pequeñas empresas de ámbito familiar, y excluye a las organizaciones religiosas).

Y se amplían beneficios laborales para matrimonios del mismo sexo

También esta semana la administración Obama ha anunciado su intención de ampliar los beneficios de los que gozan los matrimonios entre personas del mismo sexo, en esta ocasión reconociéndoles el derecho a permisos laborales por enfermedad de un familiar.

La medida es consecuencia de la derogación hace un año de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ya ha llevado al gobierno federal a impulsar que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder por ejemplo a los beneficios establecidos para las parejas casadas en materia de hacienda, justicia, inmigración o empleo público civil y militar. Beneficios que pertenecen al ámbito federal, y que por tanto son aplicables con independencia de que la pareja establezca su residencia en un estado que no reconoce el matrimonio igualitario.