Irlanda puede pasar de estar a la cola en derechos de las personas trans a tener una de las legislaciones más avanzadas del mundo

Cuando todavía resuenan los ecos por la consecución del matrimonio igualitario en Irlanda, mediante referéndum, este país puede volver a ser noticia internacional de aprobarse el nuevo proyecto de ley sobre identidad de género que su gobierno tiene sobre la mesa. Hace solo unos días, dosmanzanas recogía las reivindicaciones del colectivo LGTB, encaminadas a transformar la anterior propuesta legislativa con la que trabajaba el ejecutivo irlandés. Desde la asociación Transgender Equality Network (TENI), unas semanas atrás, aseguraban que “vamos a utilizar este impresionante impulso que se ha construido para lograr derechos para todos los miembros de la comunidad LGBT en Irlanda”. Parece que el efecto positivo, de hecho, sí que ha contribuido. Ahora, “el Gobierno ha demostrado una gran visión y convicción para garantizar los derechos de las personas trans”, defienden desde TENI.

La coalición de partidos que conforma el gobierno de Irlanda, el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista, está dando toda una lección, en el campo de los derechos LGTB, a otras naciones europeas como Alemania (con una composición del ejecutivo de similares características). Y es que, en lugar de mantener el anterior texto legislativo sobre identidad de género (que no contaba con el consenso de las entidades LGTB, ni de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional), la nueva ley propuesta “mejorará significativamente las realidades vividas por las personas trans en Irlanda”. Así lo reconocen los responsables de TENI.

El proyecto previo de ley para el reconocimiento de género que estudiaba el gobierno irlandés desde el año pasado no protegía adecuadamente «la privacidad, la dignidad o los derechos de las personas transexuales”, tal y como denunciaba TENI. Una activista trans expresaba con disgusto que se sentía “muy en desacuerdo» con que las propias personas a las que el proyecto iba destinado no fueran escuchadas. Sin embargo, el gobierno finalmente ha decidido apostar por el consenso y tramitar un nuevo texto más progresista e inclusivo, que puede colocar a Irlanda entre los países más avanzados del mundo en este campo al alinearse con el principio de libre determinación del género. El reconocimiento oficial de este se basará en la autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada, y se eliminará además la controvertida cláusula de divorcio forzado (en la versión anterior se exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras).

El presidente ejectutivo de TENI, Broden Giambrone, justifica que “la libre determinación es fundamental para las personas trans. Tenemos que ser capaces de afirmar nuestra identidad y nuestros derechos reivindicados”. De cara a la nueva redacción de la ley, y a diferencia de la anterior, sí se ha contado con la opinión del colectivo trans, a través de testimonios individuales y de las entidades LGTB. No obstante, sigue habiendo un escollo remarcable: la ley solo será aplicable de forma íntegra para los mayores de 18 años. Como explica Giambrone “los jóvenes trans siguen siendo vulnerables”, por lo que “trabajaremos estrechamente con el Gobierno para garantizar que estén protegidos”. Los solicitantes menores de edad sí deberán someterse a exámenes y valoraciones médicas (de mantenerse la actual redacción). Con todo, aún podría mejorarse este punto antes de que el texto llegue a la correspondiente comisión parlamentaria, el próximo 17 de junio.

España empieza a quedar retrasada…

Irlanda se situaría así en el grupo de países más avanzado en esta materia, junto a Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.

Avances que colocan a estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, pero no dejan de ser normas de ámbito autonómico. Urge ya una actualización de la norma estatal.