Los obispos católicos de Malawi se posicionan a favor de las leyes que criminalizan las relaciones homosexuales

A los obispos católicos de Malawi no les gusta nada que el gobierno de ese país haya declarado una moratoria en la aplicación de las leyes que criminalizan las relaciones homosexuales. Así lo han expresado en la carta pastoral sobre la situación del país que acaban de hacer pública.

Para la Conferencia Episcopal de Malawi, la homosexualidad es uno de los principales problemas del país. En concreto, y según el orden en el que la carta pastoral los enumera, el segundo, solo precedido por la «campaña proaborto». El «hambre persistente» aparece, por ejemplo, en el número 10 de la lista.

Con independencia de este pequeño detalle, el contenido del fragmento que los obispos de Malawi dedican a la homosexualidad es realmente grave. Tras comenzar alertando sobre el peligro que para la familia tradicional suponen las campañas en favor de los derechos de las personas homosexuales, los obispos de Malawi reiteran la doctrina oficial de la Iglesia sobre el tema, asegurando que «la condición homosexual es desordenada, pero no pecaminosa en sí misma» y que son los actos homosexuales los que son «objetivamente perversos y totalmente inaceptables».

Hasta aquí nada sorprendente, pese a la dureza del lenguaje utilizado. Es a partir de este punto donde los obispos directamente se posicionan a favor de la criminalización de las relaciones homosexuales, al mostrar su contrariedad por la moratoria en las leyes que las castigan penalmente. «Coincidimos con todos aquellos que han reprochado al Gobierno la imposición de una moratoria en las leyes que rigen los actos homosexuales. Ello significa que los culpables de actos o uniones homosexuales no pueden ser procesados. El Gobierno se ha inclinado ante la presión de la comunidad de donantes, los organismos internacionales y los activistas locales de derechos humanos. Como pastores, encontramos este camino muy desafortunado. Es un acto de traición por parte de quienes tienen el poder de vender por dinero nuestro país a prácticas extranjeras y a tendencias contrarias a la voluntad de Dios», expresa el texto.

Unas leyes repetidamente suspendidas y reanudadas

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la situación y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país. Eso sí, pocos días después, Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

Lo cierto es que la Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión. Y en julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justicia y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad.

Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación. Un «periodo de gracia» que sin embargo se vio interrumpido con la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015, cuya difusión internacional forzó al actual ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto. Por desgracia, la situación sigue en el aire, ya que recientemente el juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, daba orden de aplicar la ley y considerar ilegal la moratoria.