La Corte Constitucional de Colombia fallará en breve sobre adopción homoparental

Tras una larga espera desde que hace más de un año se anunciara por primera vez el inicio de la discusión, se acerca la resolución de la acción de tutela interpuesta en Colombia por una pareja de lesbianas en la que una de las mujeres pide figurar como madre de la hija biológica de su pareja. La Corte Constitucional de Colombia ha retomado esta misma semana la discusión. Uno de los magistrados, Juan Carlos Henao, ha elaborado una ponencia favorable, en torno a la que ahora discutirá la Corte.

Meses después de la histórica sentencia que reconoció que las parejas del mismo sexo sí constituyen familia, la Corte Constitucional de Colombia inició por fin el debate definitivo de un derecho que aún no se ha reconocido a las parejas del mismo sexo en Colombia: el de la adopción conjunta. Todo se inició, recordamos, a partir de la acción de tutela interpuesta en 2009 por una pareja de lesbianas de Medellín, después de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) negara a una de ellas la adopción de la hija biológica de la otra.

La ponencia elaborada por el magistrado Juan Carlos Henao considera que la adopción sí es viable, basándose precisamente en las últimas resoluciones de la Corte que reconocen a las uniones entre parejas de un mismo sexo como una forma de familia. La Corte, sin embargo, parece estar dividida. Hay que tener en cuenta que de aprobar la adopción la Corte sentaría un precedente que tendría que ser tenido en cuenta obligatoriamente en otras situaciones.

Frente a los magistrados favorables, otro grupo considera que se debe esperar a la reglamentación que la propia Corte ordenó hacer al Congreso de las uniones entre personas del mismo sexo antes de julio de 2013 (si para entonces no se ha legislado, cualquier pareja podrá acudir ante un notario a legalizar su situación). Pero el principal punto de discusión sería en realidad si el reconocimiento del derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar conjuntamente choca con el de los menores de edad que serían adoptados. El sector de magistrados que prefieren que sea el Congreso el que legisle cree que «falta evidencia científica» para determinar si afecta o no a los menores el hecho de crecer en un hogar de padres del mismo sexo.

Según la ponencia del magistrado Henao, reconocido por sus fundamentadas posturas progresistas, en el caso mencionado esa situación no afecta a la niña y, por el contrario, protege su derecho a tener una familia. En ese sentido, confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó a Bienestar Familiar tramitar la adopción. Henao plantea en su fallo que la realidad de la familia colombiana ha cambiado, como lo demuestran la existencia de la familia monoparental -una sola persona, hombre o mujer, puede adoptar sin necesidad de tener una unión estable- y los miles de hogares en los que hombres o mujeres son cabeza de familia y logran sacar adelante a sus hijos.

Según informan los medios colombianos, de acuerdo a fuentes cercanas a la Corte tres magistrados (además del propio Henao) apoyarían la ponencia. Otros tres estarían claramente en contra, y dos permanecerían indecisos. Estaremos atentos a lo que suceda finalmente.

Derechos reconocidos gracias a la Corte Constitucional

En Colombia, el avance de los derechos LGTB se ha producido gracias al empuje de la Corte Constitucional, que a lo largo de los últimos años ha reconocido derechos como el de visita conyugal en las cárceles (2003), unión marital de hecho (2007), acceso a la pensión de sobreviviente (2008), el ya mencionado reconocimiento como familia (2011) o los recientes reconocimientos de la equiparación total en materia de herencia y del derecho a la pensión de sobreviviente para parejas anteriores a 2008.

Oposición de la iglesia

El reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo cuenta con la abierta hostilidad de iglesia católica colombiana. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, ha manifestado su desagrado por las sentencias de la Corte. Según Salazar, la justicia debe proteger los bienes y derechos de las parejas conformadas por hombre y mujer. “Ciertas corrientes culturales jurídicas mordernos sostenidas por principios positivistas, racionalistas e individualistas han sustraído a la justicia a ese contexto ético”, ha declarado.

El secretario general de esa misma Conferencia, monseñor Juan Vicente Córdoba, declaraba entretanto que «la Corte de un momento a otro sacó un as debajo de la manga y por arte de magia está diciendo que cambió el concepto de familia porque le pareció a dos o tres». «Si quieren vivir juntos que vivan, que hereden su salud y derechos patrimoniales; otra cosa es que un grupo minoritario nos haga leyes para todos los colombianos», añadió.

Tras las declaraciones de los jerarcas católicos varios activistas LGTB han manifestado su repulsa. Uno de ellos ha sido Manuel Velandía, activista colombiano asilado en España. “Sus posturas ultraconservadoras no sólo son anacrónicas, sino que sus líderes usan irresponsablemente su capacidad de mover la opinión pública para ‘crucificar’ a los que no piensan como ellos», ha opinado Velandia.