La reelección de Sala al frente del Constitucional despeja el camino a la constitucionalidad del matrimonio igualitario

El Pleno del Tribunal Constitucional ha reelegido este martes al progresista Pascual Sala como presidente, y designado al conservador Ramón Rodríguez Arribas como vicepresidente. La elección de Sala asegura durante un año la mayoría en el tribunal al bloque progresista de magistrados elegidos a propuesta del PSOE. Tras la renovación de un tercio de los magistrados del tribunal culminada ayer, su composición queda en 7 a 5 a favor de los magistrados designados a propuesta del PSOE frente a los elegidos con aval del PP. Además, en caso de empates en el Tribunal, el presidente tiene voto de calidad para resolverlos.

Se trata en principio de una buena noticia de cara a la resolución del recurso del Partido Popular contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los magistrados han comenzado a debatir este mes la ponencia preparada por el magistrado Pérez Tremps, que es favorable a desestimar el recurso y avalar la constitucionalidad de la Ley. La discusión seguirá previsiblemente en septiembre, y en ella participarán sólo 11 de los jueces, porque el conservador Francisco José Hernando ha decidido abstenerse por haber firmado un informe del Consejo General del Poder Judicial en 2005 contrario a estos matrimonios.

El recurso de nunca acabar

Tras la polémica resolución del recurso contra el Estatuto de Cataluña, en enero de 2011 se produjo por fin la renovación de cuatro de los miembros del Constitucional (los que nombra al Senado), que habían agotado su mandato en 2007. Ello favoreció la conformación de una mayoría supuestamente “progresista”. En teoría ello debiera haber inclinado la balanza hacia la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Sin embargo, y de forma incomprensible, en este intervalo de tiempo el Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el tema dando prioridad a recursos posteriores.

Han sido además tiempos convulsos: tres de sus miembros, cuya renovación correspondía al Congreso y estaba pendiente desde noviembre de 2010 -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- presentaron en junio de 2011 su dimisión como protesta por la falta de acuerdo para proceder a su relevo. La dimisión, que dejaba al tribunal con el quórum mínimo para tomar decisiones (ocho miembros) no fue aceptada por Pascual Sala, por lo que los tres tuvieron que continuar en activo.

La renovación de estos cuatro miembros (los tres que presentaron su dimisión más un puesto vacante desde 2008 por fallecimiento) se fue retrasando debido a la insistencia del PP en colocar en el Constitucional a Enrique López (que ya fue propuesto por el PP en el Senado, pero que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional). Un candidato que fue considerado inaceptable por el PSOE, y otro firme opositor, por cierto, al matrimonio igualitario. De hecho, la renovación ha estado bloqueada hasta hace poco.

Ahora, con el acuerdo entre PP y PSOE, que disponen de mayoría suficiente para proceder a la renovación (requiere tres quintos de la cámara) hay dos nuevos conservadores, propuestos por el PP (Andrés Ollero y Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo) y dos nuevos progresistas, propuestos por el PSOE (Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, y Encarnación Roca, magistrada del Supremo y catedrática de Derecho Civil). El Tribunal queda así conformado por siete progresistas y cinco conservadores, aunque no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron. Manuel Aragón, supuestamente progresista, no ha dudado en alinearse con los conservadores en asuntos como el Estatuto catalán o la legalidad de Bildu y Sortu.

Una situación en la que es imposible hacer pronósticos. Por si acaso, un dato: en 2013 el Consejo General de Poder Judicial y el Gobierno de Mariano Rajoy renovarán a los representantes que le corresponden, dos en cada caso, con lo cual el Tribunal Constitucional quedará definitivamente escorado a la derecha. Por ello es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie de aquí a entonces, o de lo contrario el destino de miles y miles de familias (actuales y futuras) puede quedar definitivamente sentenciado.