CESIDA insiste: la falta de asistencia sanitaria a los inmigrantes con VIH en situación irregular generará un serio problema de salud pública

Tras conocerse que el Gobierno español, tras retirar la asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes irregulares a partir del día 31, ha pensado ofrecérsela de nuevo siempre que desembolsen una cantidad de dinero -59’20 euros al mes los menores de 65 años, 155’4 euros al mes los mayores de esa edad- la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA) ha vuelto a manifestar su preocupación y a advertir de los riesgos para la salud pública que supone la exclusión del sistema sanitario de este grupo de población.

Más allá de la opinión que pueda merecer la nueva ocurrencia del Gobierno, rechazada ampliamente por partidos de izquierda, sociedades científicas (como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria o la Sociedad Española de Enfermedades Infecciones y Microbiologia Clínica) y colectivos profesionales sanitarios, desde CESIDA se vuelve a insistir en lo peligroso de excluir de la asistencia sanitaria ordinaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular. «Retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario”, ha señalado Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA.

«Las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales. Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública«, explica CESIDA. Recordamos que, según calculaba hace unos días Gesida (el Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que agrupa a los especialistas médicos expertos en VIH/sida) entre 2.700 y 4.600 personas que viven con el VIH y que se encuentran en situación irregular en España quedarán sin tratamiento.

Según el comunicado de CESIDA, algunas de las consecuencias de no recibir tratamiento antirretroviral, ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, serían entre otras:

• Incremento de muertes en las personas infectadas por el VIH.
• Aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios.
• Incremento en la transmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública.
• Aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc.
• Mayor posibilidad de transmisión madre-hijo del VIH.

El PP quiere acabar con el supuesto «paraíso» para los ilegales

Desde el PP, mientras tanto, se prefiere explotar la vía del supuesto agravio comparativo frente a los inmigrantes irregulares, que goza de un amplio predicamento en sectores conservadores. Según Rafael Hernando, portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, de lo que se trata es de que España «deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal».

«Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países. Dicho esto, ninguna persona que esté en nuestro país, sea inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de urgencia y eso es muy importante», ha añadido el político popular.