El Pentágono extiende los beneficios familiares del personal militar a las parejas del mismo sexo hasta donde la DOMA lo permite

El secretario de Defensa saliente, Leon Panetta, ha cumplido su anunciado compromiso y ha ordenado la extensión a las parejas del mismo sexo y sus familias de los beneficios de los que hasta ahora disfrutaban solo las familias de su personal heterosexual. Quedan todavía excluidas, sin embargo, de beneficios muy importantes -que las disposiciones legales reservan solamente a los matrimonios- debido a la vigencia de la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que prohíbe a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Entre las facilidades de las que por fin podrán beneficiarse las parejas del mismo sexo y sus familias están la emisión de tarjetas de identificación, la participación en programas de ocio, los permisos por emergencia familiar, la participación en programas de atención a jóvenes y familias y de asistencia en caso de agresión sexual, el transporte, la compensación por muerte o discapacidad, el cuidado de niños o la asistencia legal, entre otros.

Se trata de una batería amplia de beneficios que ha sido bien recibida por los colectivos LGTB, pero que no supone todavía la igualdad plena. Aquellos beneficios limitados a las parejas casadas seguirán vetados a los matrimonios entre personas del mismo sexo, debido a la vigencia de la DOMA. Entre ellos, la asistencia sanitaria o los permisos de vivienda. La orden será efectiva en un plazo de tiempo comprendido entre el 31 de agosto y el 1 de octubre, en tanto se producen los ajustes necesarios.

DOMA: una ley discriminatoria pendiente del Supremo

La DOMA ha sido ya declarada inconstitucional en varios de sus aspectos por diferentes tribunales federales, y su destino se encuentra en estos momentos pendiente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Supremo ha decidido en concreto revisar la sentencia más reciente, dictada en octubre. Una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York fallaba entonces que no existe argumento constitucional que justifique tratar de forma diferente a Edie Windsor, una anciana que a la muerte de su esposa no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violaba las garantías de igualdad de protección contenidas en la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que en octubre confirmó la Corte de Apelaciones.

Ya antes del verano otra Corte Federal de Apelaciones de Boston reafirmaba otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA, dictada esta vez en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia sobre Edie Windsor es sin embargo la de mayor calado jurídico, ya que apela al denominado “heightened/strict scrutiny“, un término propio del sistema constitucional estadounidense: no se basa solo en un mero argumento racional, sino en un análisis detallado del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno federal y los principios constitucionales. Según los jueces ello queda justificado por el hecho de que las personas homosexuales son una minoría históricamente perseguida y discriminada.

La discriminación que supone la DOMA resulta tan indiscutible que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió a principios de 2011 dejar de defenderla en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (luego tomó la misma decisión en el ámbito militar). El Departamento de Justicia llegó a admitir ante un tribunal federal que la DOMA viola la Constitución. Una decisión que no gustó nada a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que decidió ejercer el papel de defensor de la DOMA ante los tribunales. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.