Lawrence Kaala, gay ugandés casado en Suecia, evita finalmente la expulsión

Jimmy Sserwadda y Lawrence Kaala, la pareja de ugandeses del mismo sexo que contrajeron matrimonio en Suecia el pasado mes de enero, han conseguido por fin que Kaala obtenga su permiso de residencia, evitando así su expulsión del país.

Lawrence Kaala ya había recibido una orden de expulsión tras serle denegada su solicitud de asilo (Jimmy Sserwadda era ya residente legal en Suecia). Kaala había presentado una nueva solicitud en base a su actual situación de cónyuge de un residente legal, pero las leyes suecas le obligaban a efectuarla desde su país de origen. En Uganda, mientras tanto, los medios de comunicación se habían hecho eco de la historia de la pareja, y tanto ellos como sus familias habían sido amenazados. Estas pruebas incontestables de que su vida corría peligro si regresaba a Uganda han hecho que el requisito de efectuar la solicitud desde su país fuese soslayado. Su solicitud de asilo ha sido, pues, aprobada, y el permiso de residencia concedido.

Sserwadda, que suele actuar como portavoz de la pareja, cree que “la explosión de la atención mediática hizo que los funcionarios de migración se dieran cuenta de que el peligro era real. No podía regresar después de haber sido expuesto de esa manera”. Sin embargo, a pesar de que la situación de la pareja se ha estabilizado, Sserwadda no deja de ser crítico con los procedimientos del departamento de migración respecto a las solicitudes de asilo por parte de personas LGTB: “es realmente una lotería. A veces los funcionarios de migración ni si quiera se creen que seas homosexual”. El ugandés trabaja actualmente con una asociación de ayuda a las personas LGTB y se ha comprometido a colaborar a que otros solicitantes de asilo puedan encontrar refugio en Suecia.

Realidad de las personas LGTB en Uganda

En Uganda las relaciones homosexuales, conviene precisarlo, son ilegales. Reina, además, una fuerte homofobia social. Allí fue asesinado en enero de 2011 el activista gay David Kato (su asesino fue condenado a 30 años de cárcel, una de las pocas noticias positivas que nos han llegado de aquel país). Kato era uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (una publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la Horca”). Una incitación al odio homófobo repetida recientemente, en esta ocasión por la publicación sensacionalista Red Pepper, que publicó una lista de supuestos “reclutadores gays” que incluye nombres y fotos.

El 31 de diciembre de 2012 fue detenido Joseph Kawessi, acusado de cargos como “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza” y “reclutamiento de jóvenes para la homosexualidad”. Días más tarde también fue arrestado su compañero Najibu Kabuye, cuando acudía a visitarlo a la comisaría. Estas detenciones se producían tras el asalto a la sede de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), en el que fueron robados ordenadores que contenían datos sensibles de los miembros de la organización.

Pese a todo, los activistas LGTB siguen al pie del cañón, como demostraron en junio de 2012, cuando miembros de Ice Breakers Uganda inauguraron en Kampala la primera clínica del país dedicada a las necesidades del colectivo, con un enfoque especial sobre VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Más recientemente Uganda ha sido también protagonista por la campaña de activistas informáticos boicoteando las redes de gobiernos africanos que persiguen a sus minorías LGTB, entre ellos el ugandés.

Actualmente sigue su curso parlamentario el proyecto de ley que persigue endurecer el tratamiento penal de la homosexualidad. El proyecto, recordamos, contempla penas de cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales, así como la persecución de aquellas personas u organizaciones que den cobertura a las personas homosexuales. También considera la pena de muerte para los homosexuales infectados por VIH que mantengan relaciones, o cuando se establezca que ha habido “violación”. A pesar de que algunos informes aseguraban que la pena capital se había retirado de la propuesta normativa, la realidad es que aún continúa apareciendo en el borrador del proyecto de ley de acceso público.