Canadá financia a los grupos que luchan contra la aprobación de la ley homófoba de Uganda

El Gobierno de Canadá lleva desde noviembre del año pasado financiando movimientos pro derechos LGTB en África y, especialmente, de oposición al proyecto de ley que propone penas de muerte y cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales en Uganda. La suma invertida hasta ahora alcanza los 200.000 dólares (unos 150.000 euros).

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, Rick Roth, confirmaba el viernes al periódico National Post que el Gobierno canadiense está ayudando económicamente a activistas locales para intentar impedir que se apruebe la ley anti-homosexualidad y para prepararlos para el caso en que finalmente salga adelante. El titular de la cartera, el conservador John Baird, ha calificado el proyecto ugandés de “aberrante”. “Las autoridades canadienses han transmitido al ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda su preocupación por el proyecto de ley”, afirma Roth, que añade que están “trabajando codo con codo con la sociedad civil ugandesa”. Los acuerdos financieros se firmaron en enero y se ejecutaron a finales de febrero, y el dinero se ha repartido entre Uganda, Kenia y proyectos globales en la región.

Precisamente el homófobo proyecto de ley ha sido motivo de fricción en las relaciones entre Canadá y Uganda. En noviembre del año pasado, la presidenta del parlamento ugandés Rebecca Kadaga anunciaba la próxima discusión de la iniciativa tras participar en una cumbre internacional en Canadá, donde tuvo que enfrentarse a las críticas de su ministro de Exteriores por el trato que reciben las personas LGTB en Uganda. Kadaga, que más adelante llegó a referirse a la ley anti-homosexualidad como un “regalo de Navidad” a su pueblo, acusó entonces al ministro canadiense de querer interferir la soberanía ugandesa.

La terrible realidad de las personas LGTB en Uganda

Como conocen los lectores de dosmanzanas, en Uganda las relaciones homosexuales son ilegales. Reina, además, una fuerte homofobia social. Allí fue asesinado en enero de 2011 el activista gay David Kato (su asesino fue condenado a 30 años de cárcel). Kato era uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (una publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la Horca”). Una incitación al odio homófobo repetida recientemente, en esta ocasión por la publicación sensacionalista Red Pepper, que publicó una lista de supuestos “reclutadores gays” que incluye nombres y fotos.

El 31 de diciembre de 2012 fue detenido Joseph Kawessi, acusado de cargos como “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza” y “reclutamiento de jóvenes para la homosexualidad”. Días más tarde también fue arrestado su compañero Najibu Kabuye, cuando acudía a visitarlo a la comisaría. Estas detenciones se producían tras el asalto a la sede de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), en el que fueron robados ordenadores que contenían datos sensibles de los miembros de la organización. Pese a todo, los activistas LGTB siguen al pie del cañón, como demostraron en junio de 2012, cuando miembros de Ice Breakers Uganda inauguraron en Kampala la primera clínica del país dedicada a las necesidades del colectivo, con un enfoque especial sobre VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Más recientemente Uganda ha sido también protagonista por la campaña de activistas informáticos boicoteando las redes de gobiernos africanos que persiguen a sus minorías LGTB, entre ellos el ugandés.

Actualmente sigue su curso parlamentario el proyecto de ley que persigue endurecer el tratamiento penal de la homosexualidad. El proyecto, recordamos, contempla penas de cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales, así como la persecución de aquellas personas u organizaciones que den cobertura a las personas homosexuales. También considera la pena de muerte para los homosexuales infectados por VIH que mantengan relaciones, o cuando se establezca que ha habido “violación”. A pesar de que algunos informes aseguraban que la pena capital se había retirado de la propuesta normativa, la realidad es que aún continúa apareciendo en el borrador del proyecto de ley de acceso público.