Juristas andorranos promueven la aprobación del matrimonio igualitario en el Principado

Un grupo de juristas está promoviendo una propuesta para que las autoridades andorranas autoricen el matrimonio igualitario. A través de una recogida de firmas quieren hacer llegar a las distintas instituciones del país lo que consideran que es el sentir actual de los andorranos, a los que consideran «más evolucionados» que sus políticos respecto a los derechos LGTB.

Como ya informábamos el pasado enero, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andorra avaló el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España. Esta sentencia, que de facto reconocía este tipo de matrimonios, ha servido de punto de inflexión para que un grupo de cuatro juristas decida actuar a favor del reconocimiento legal en Andorra del matrimonio igualitario, a través de una recogida de firmas, para lo cual han habilitado la web Matrimoni civil per a tothom (matrimonio civil para todos).

En palabras de uno de los promotores, Jean Michel Rascagneres, la idea es hacer llegar a las distintas instituciones andorras (comunes, Consejo General y Gobierno) el hecho de que “la sociedad andorrana está más evolucionada que los políticos” y que “las leyes deben estar de acuerdo con los valores actuales de la sociedad”. Los cuatro juristas están convencidos de que la iniciativa prosperará por “la madurez de la sociedad andorrana, porque es una cuestión de sentido común y porque oponerse a ello no tiene fundamento científico ni jurídico alguno”.

Los promotores también alegan que la Constitución andorrana prohíbe la discriminación por razón de sexo, argumento que ya aparecía en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anteriormente citada, y que por lo tanto ellos tan solo están “pidiendo que se dé un derecho a personas que no lo tienen y que, según la Constitución, deberían tener”, remarcando que no supone “quitar derechos a otros colectivos. No afecta en nada a los heterosexuales”. Hasta ahora han recogido unas 1.500 firmas, la mayoría de andorranos, aunque esperan que con la web el número se incremente.

Maite Bourgeaud, otra de los promotores y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa, cree que la no consideración de esta demanda “significaría un paso atrás, si no prosperase querría decir que se considera a los homosexuales como un colectivo defectuoso”. Su colega Maitena Manciet afirma que, al margen de criterios de índole personal, “no hay fundamentos jurídicos para oponerse”.

Los juristas también han querido referirse a las recientes declaraciones de uno de los copríncipes de Andorra, el obispo de Urgell Joan-Enric Vives, en las que aseguraba que los hijos de las parejas del mismo sexo pueden sufrir “problemas psíquicos” que arrastrarían toda la vida, afirmando que “un día el Estado tendrá un disgusto, porque cuando algunos de estos niños sean adultos con problemas le pondrán una querella y les tendrá que pagar un psiquiatra hasta el fin de sus vidas”. El grupo de letrados defiende el derecho de los homosexuales a la adopción, sobre todo teniendo en cuenta que si se les denegara podrían recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que ya ha dictado sentencias favorables al respecto. Maite Bourgeaud, por su parte, cree que “pretender que las parejas heterosexuales cumplen con los requisitos para educar en valores es tan impresentable como decir que las homosexuales no”, añadiendo con contundencia que “las cárceles están llenas de hijos de parejas heterosexuales”.