La Corte Suprema de Nuevo México decidirá sobre el matrimonio igualitario

La Corte Suprema del estado de Nuevo México ha ordenado este viernes 6 de septiembre la apertura de un proceso de audiencias públicas para decidir sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Las audiencias comenzarán el próximo 23 de octubre, habiéndose citado a los responsables de las Secretarías de los 33 condados y a las seis parejas del mismo sexo que presentaron demandas contra la negativa a facilitarles licencias matrimoniales.

Tanto los responsables de los condados como las parejas demandantes, que presentaron sus denuncias a través de las organizaciones Centro Nacional para los Derechos Lésbicos y Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), deberán emitir un informe conteniendo sus argumentos por escrito antes del 23 de septiembre. Peter Simonson, director ejecutivo de ACLU, estima que “ha llegado el momento de que Nuevo México trate a las parejas del mismo sexo con la misma dignidad y respeto que al resto de las parejas”.

La orden llega tan solo unos días después de que los responsables de los 33 condados que componen el estado de Nuevo México elevaran una petición a la Corte Suprema, para que clarifique si la emisión de licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo está amparada por la Constitución del estado. La situación actual, en la práctica, es que más de la mitad de la población de Nuevo México tiene acceso al matrimonio igualitario y el resto no, dado que entre los condados que emiten licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo se encuentran los más poblados del estado. La petición de los responsables de los condados va en el sentido de que haya una uniformidad de criterios en todas las circunscripciones.

Ya sea por decisión de las propias Secretarías de los condados, ya sea por orden judicial, actualmente son ocho los condados que facilitan este tipo de licencias a parejas del mismo sexo. A Doña Ana, Santa Fe, Bernalillo, San Miguel, Valencia y Taos se sumaron Grant y Los Álamos, ambos por decisión de los jueces de distrito J.C. Robinson y Sheri Raphaelson respectivamente. En un principio, la secretaria del Condado de Los Álamos, Sharon Stover, rehusó cumplir con el mandamiento judicial, presentado alegaciones ante la juez Raphaelson que se basaban en su estimación de que la competencia para decidir la vulneración de los derechos constitucionales era competencia de la Corte Suprema del estado. La juez, sin embargo, falló en contra de los argumentos de Stover y la Secretaría del Condado de Los Álamos se vio obligada a cumplir con el mandamiento inicial.

En cuanto a la duración del proceso en la Corte Suprema, Shannon Minter, responsable de asuntos legales del Centro Nacional para los Derechos Lésbicos, estima que “aunque no se sabe cuándo se pronunciará el Tribunal,  está claro que reconoce la importancia de este asunto. Podrían emitir una decisión en cualquier momento después de la presentación de argumentos».