El Consejo Constitucional francés decidirá si los alcaldes pueden objetar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo

El Consejo Constitucional de Francia deberá decidir si los cargos electos encargados de formalizar los matrimonios pueden acogerse a la objeción de conciencia, a fin de rehusar la celebración de enlaces entre personas del mismo sexo.  Lo hará a instancias del Colectivo de alcaldes por la infancia, asociación muy próxima a los activistas homófobos “manif pour tous” en su oposición al matrimonio igualitario.

El pasado mes de junio, tan solo unos días después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Francia, un grupo de alcaldes interpuso una moción ante el Consejo de Estado contra la circular del Ministerio del Interior en la que se recordaba tanto la obligación de los ediles de garantizar la celebración de los matrimonios entre personas del mismo sexo, como las sanciones a que podrían enfrentarse en caso de no hacerlo.

En la circular se describía el derecho que ampara a los ciudadanos franceses de que un funcionario del registro civil de su localidad de residencia sea quien formalice su matrimonio. También recordaba que tanto alcaldes como concejales tienen el carácter de funcionarios del registro civil a estos efectos. Aunque pueden delegar sus funciones en otros subordinados municipales, deben garantizar en todo caso que el matrimonio se celebre.

La circular también detallaba las sanciones y penas establecidas en los códigos civil y penal para un funcionario que, en el cumplimiento de su labor, impide que los ciudadanos ejerzan un derecho fundamental, como lo es el matrimonio según estableció en su día el Consejo Constitucional. Las penas pueden llegar hasta los cinco años de prisión y los 75.000 euros de multa, que se podrán doblar si se demuestra que la falta de garantía del ejercicio del derecho constitucional está motivada por razón de la orientación sexual de los ciudadanos afectados, en cuyo caso además se incurriría en un delito de discriminación. Finalmente, exponía las correspondientes sanciones administrativas, entre ellas la revocación del cargo público.

El grupo de alcaldes que interpuso la moción alegaba que la circular trataba de “presionar e impresionar a los alcaldes y concejales (…), cuando son muchos los que han expresado claramente su oposición a un ‘matrimonio’ que no lo es”, y que se estaba vulnerando el derecho a la objeción de conciencia recogido en la Constitución.  En una resolución fechada este 18 de septiembre, el Consejo de Estado ha decidido trasladar la cuestión al Consejo Constitucional, quien deberá decidir si los artículos de los códigos civil y penal detallados en la circular del Ministerio del Interior vulneran o no el derecho constitucional a la objeción de conciencia. El Consejo Constitucional dispone de un plazo de tres meses para decidir sobre este asunto.

La alcaldía de Orange aprueba la objección de conciencia

Días antes de la resolución del Consejo de Estado, el pasado 16 de septiembre, el pleno municipal de Orange presidido por Jacques Bompard, alcalde y diputado por la ultraderechista Liga del Sur, aprobó por amplia mayoría una resolución por la que permite que alcaldes y concejales se acojan a la objeción de conciencia para no celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. El texto aprobado establece que se delegará en la prefectura la obligación de aplicar la ley.

Según la concejala del Frente de Izquierda Fabienne Haloui, actualmente en la oposición, “esta resolución será anulada de todas maneras, porque es ilegal. Un registrador está sujeto al principio de neutralidad del servicio público, por lo que sus opiniones no cuentan». Como en Orange ya se celebró sin problema alguno un enlace de una pareja del mismo sexo, Haloui cree que la resolución tan solo tiene una intención propagandística: “Jacques Bompard es diputado y sabe muy bien que tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Quiere hacer ruido y permanecer en el panorama de los medios, un poco como extensión del conflicto de Bollène. En su diatriba ayer, quería ser el portavoz de todos los opositores al matrimonio igualitario, pero una concejala de Orange celebrará dentro de poco la boda de una pareja del mismo sexo que conoce e incluso puede haber una tercera».

Con el “conflicto de Bollène”, la concejala se refiere a la polémica despertada por la alcaldesa de esa localidad, Marie-Claude Bompard, que es precisamente la esposa del alcalde de Orange, quien rehusó que ningún miembro de su alcaldía formalizase el matrimonio entre dos lesbianas el pasado mes de agosto, aunque finalmente accedió a delegar en un concejal al ser presentada una demanda contra ella por la pareja afectada.