La inaudita implicación de la Procuradoría General de Colombia en la causa contra el matrimonio igualitario desata las alarmas (ACTUALIZADA. Golpe a la estrategia del procurador: un tribunal restaura la validez del primer matrimonio anulado)

El procurador general de Colombia (cuya función es la de velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos colombianos) ha entrado en una espiral de cada vez más difícil comprensión en un Estado de derecho. Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico, no solo ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario el eje de su acción, sino que según publican los medios colombianos ha involucrado en ello a los funcionarios bajo su servicio, ordenando la recolección sistemática de todas las solicitudes de matrimonio civil entre de parejas del mismo sexo y dando directrices para que se obstaculicen.

ACTUALIZACIÓN: este jueves, sin embargo, el procurador sufría un importante revés: el primer matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en Colombia, anulado en primera instancia tras una acción de tutela promovida desde la Procuradoría, sigue plenamente vigente tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá (ver más detalles al final de la entrada).

A través de una serie de circulares, la Procuraduría General de la Nación ha requerido a sus funcionarios intervenir de manera preferente en todos los procesos judiciales que se susciten con motivo de lo dispuesto en el resuelve de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que reconoció a las parejas del mismo sexo derechos similares a los de las de distinto sexo. Además, el ministerio público ha invitado a interponer todas las acciones y recursos judiciales disponibles. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles pidió incluso disponer semanalmente de información sobre el número de solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo presentadas ante las oficinas de reparto, centros de servicios judiciales o administrativos y juzgados civiles municipales.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la noticia supone un motivo de gran preocupación y atenta contra la independencia judicial. “Es muy preocupante que en estas circulares pretendan decir, además, cuáles son los argumentos que se deben usar en los recursos y actuaciones. Se nota que algunos ya están siguiendo dichas instrucciones y nos preocupa la arbitrariedad. Finalmente, se trata de una decisión de una pareja libre, adulta y que no viola el derecho de un tercero”, ha añadido.

También el senador Armando Benedetti, autor del fracasado proyecto de ley de matrimonio igualitario, considera la situación inaudita. “Estoy preocupado porque algunos funcionarios están pendientes de los evangelios de la Biblia y otros andan con un manifiesto político debajo del brazo, y somos pocos los que queremos atender lo que establece la Constitución”, ha expresado Benedetti, senador del Partido de la U. “Yo tengo una Biblia en la mesita de noche de mi cuarto pero cuando llego al Congreso mi libro a seguir es la Constitución pero veo que a muchos se les olvida eso”, ha añadido.

Para el senador, está claro que las acciones de Ordoñez tienen como objeto amedrentar a los jueces para que no se atrevan a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. “Más que una persecución del procurador es una advertencia y en Colombia los jueces son bastante débiles y por lo tanto se dejan amedrentar por esas medidas”, ha afirmado.

Un culebrón jurídico que no parece tener fin

Lo cierto es que la situación en Colombia ha llegado ya a un punto kafkiano. Ya en julio se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez, el 11 civil municipal de Cali, ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”.

Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando otro juez celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo entre Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro. Desde la Procuradoría General de la Nación, en coordinación con la Fundación Marido y Mujer, se consiguió sin embargo que otro juez anulara el matrimonio. Un segundo matrimonio fue celebrado el 25 de septiembre en Gachetá entre Claudia Zea y Elizabeth Castillo. En este caso, la acción de tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer fue directamente desestimada. Hace pocos días, sin embargo, otro juez sí anulaba un tercer matrimonio, celebrado el 4 de octubre entre Adriana González y Marcela Rojas. Decisión que a su vez ha sido recurrida.

Los jueces que celebran matrimonios, como hemos informado en anteriores entradas, no pretenden sino dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional de Colombia, que en una histórica sentencia ratificó en 2011 que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil.

Un plazo que venció el 20 de junio, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario promovido por el senador Benedetti fracasara en el Congreso, dando lugar a una situación de incertidumbre jurídica aún no resuelta. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución jurídica inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Petición en marcha en AllOut.org

La situación creada en Colombia, donde un órgano del estado ha puesto sus recursos al servicio de la causa homófoba con la indisimulada intención de amedrentar a los jueces que se atrevan a hacer la interpretación más garantista de la sentencia de la Corte Constitucional, ha llevado a la organización AllOut.org a poner en marcha una recogida de firmas con el objeto de solicitar a Ordoñez que ponga punto final a sus acciones contra el matrimonio igualitario. «La constitución colombiana dicta que el Procurador General de la República debe proteger los derechos humanos de todos los colombianos, no privarlos de ellos. Le pedimos que deje de anular los certificados de matrimonio de las parejas de mismo sexo y que defienda el derecho de todos los colombianos y colombianas por casarse con quien aman», reza el texto.

Puedes sumarte a la petición, que te invitamos además a difundir, pinchando aquí. AllOut.org quiere conseguir al menos 25.000 firmas y dar a conocer en todo el mundo la situación.

ACTUALIZACIÓN

Ya lo adelantábamos en el momento de publicar la primera versión de esta entrada, pero con el paso de las horas la noticia adquiere mayor relevancia. El matrimonio entre Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro, celebrado el pasado 20 de septiembre y posteriormente anulado, vuelve a estar plenamente vigente. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ha dejado sin efecto la anulación dictada en primera instancia tras la acción de tutela interpuesta por la Produradoría General.

En su decisión, el juez Álvaro Fernando García ha considerado que una acción de tutela no es un mecanismo procedente en este tipo de casos. “Como quiera que la acción de tutela únicamente protege derechos individuales y existen en el ordenamiento jurídico otros medios de defensa judicial con la aptitud y suficiencia necesaria para solucionar la controversia jurídica planteada por la Procuraduría, habrá de revocarse el fallo de primera instancia, para en su lugar negar el amparo constitucional reclamado”, expresa.

El fallo supone un duro golpe a la estrategia de Alejandro Ordóñez, pero no pone punto final a la batalla jurídica. Desde la Fundación Marido y Mujer se insiste en que «ni está en firme, ni ha sido declarado en firme, no ha sido declarado legal, ni ha sido declarado constitucional. Sencillamente se dice que la tutela no procedía como mecanismo de revisión procesal». Desde Colombia Diversa, por su parte, se considera «un triunfo en este largo camino por lograr la igualdad plena para las parejas del mismo sexo que aún no termina». «Una vez más se demuestra la arbitrariedad de la Procuraduría persiguiendo a las familias de parejas del mismo sexo. La tutela se hizo para defender derechos fundamentales, no para ser usada a conveniencia del procurador con el fin de desobedecer las órdenes de la Corte Constitucional”, declaraba Marcela Sánchez.

Seguiremos la evolución de los acontecimientos…