Los colectivos trans andaluces se sienten «engañados» con el borrador de proyecto de ley integral de transexualidad

Desacuerdo de los colectivos trans andaluces con la propuesta de ley integral de transexualidad realizada por los grupos parlamentarios del PSOE e IULV-CA. Entre los puntos que son objeto de discordia, el establecimiento de limitaciones a la hora de definir las personas que serán beneficiarias de la ley y ciertos aspectos de la atención sanitaria. En un comunicado firmado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) y Conjuntos Difusos-Autonomía Trans, estos colectivos acusan a las dos formaciones que gobiernan Andalucía de romper sus promesas y posicionarse «del lado de la discriminación y la denegación de los derechos humanos de las personas trans».

Según los colectivos firmantes, en la reunión mantenida el jueves con la secretaria de Salud Pública de la Junta de Andalucía se les trasmitió que si bien ya no se realizarán tests psicológicos para determinar la identidad de género de las personas transexuales, si seguirán realizándose para “descartar patologías”. Algo que en su opinión mantiene el actual sistema discriminatorio. Frente a la propuesta de los colectivos, que planteaba que las personas beneficiarias serían todas aquellas con una identidad de género distinta de la que les fue asignada al nacer, con independencia de otras consideraciones (en línea con el principio de libre autodeterminación del genero) el borrador ahora presentado marca una serie de limitaciones. «Así lo establece el artículo 4.c) del borrador propuesto, cuando especifica que tan solo aquellas personas que hayan obtenido la documentación administrativa serán beneficiarias de las prestaciones contenidas en la misma. Esto ya nos da la idea de que no todas las personas que soliciten dicha documentación la van a recibir, sino que es posible que a algunas les sea denegada si no cumplen con ciertos requisitos», afirma el comunicado.

«No obstante, el texto no especifica cuales serán esos requisitos, dejándolo abierto a cualquier cosa. Suponemos que la intención de la Junta de Andalucía es obligar a las personas trans que no hayan obtenido esta documentación, y cuyos derechos se dejan deliberadamente desamparados, a continuar acudiendo a la UTIG, donde se les someterá a los mismos tests que hasta ahora, por el mismo procedimiento que hasta ahora, durante tanto tiempo como las trabajadoras de allí crean conveniente, con la excusa de determinar si no padecen alguna enfermedad mental», continúa la nota.

El artículo referido a la prestación de la atención sanitaria tampoco recoge las demandas de los colectivos: “El artículo 11 dice que todas las personas tendrán derecho a la asistencia sanitaria, según lo previsto en la cartera de servicios existente (…) Nos remite a la atención sanitaria que ya está especificada en la cartera de servicios del SAS, es decir, a la UTIG de Málaga, a la centralización y a la discriminación”.

Eva Witt, presidenta de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, cree que los requisitos que marca el borrador generan una situación especialmente grave por lo que a los menores se refiere. “Si se condiciona el reconocimiento de la identidad del menor a la obtención de una documentación administrativa, que no sabemos cuanto tiempo tardará en emitirse, si serán tres meses, o serán diez, o no será nunca, y bajo qué condiciones, no queda garantizado que nuestros hijos puedan recibir una educación no discriminatoria. Al igual que ocurre con los adultos, el futuro de nuestros niños dependería de la decisión pretendidamente científica, pero arbitraria, de las trabajadoras de la UTIG”, expresa Witt en declaraciones contenidas en el mencionado comunicado.

«Exigimos que no se registre la ‘ley trampa’ de Izquierda Unida y el PSOE, y que en su lugar se registre la propuesta realizada por los colectivos de personas transexuales de Andalucía, que fue remitida a los grupos políticos el día 6 de noviembre, tras comprometerse estos a aceptar sus reivindicaciones», añade la nota, que concluye con unas declaraciones de la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, anunciado una próxima convocatoria de huelga de hambre indefinida «que no terminará hasta que no se registre el texto propuesto por los colectivos de personas transexuales». Recordamos que hace pocas semanas ya los activistas trans recurrieron a la amenaza de huelga de hambre para forzar el desbloqueo del proyecto de ley integral, gracias a la cual consiguieron la promesa de PSOE e IULV-CA de consensuar una propuesta que sería presentada antes de finalizar el año. Propuesta que en principio parecía que respondería a todas las demandas de los colectivos, lo que finalmente no se ha producido.