Arizona aprueba una ley que autoriza a discriminar a las personas LGTB alegando motivos religiosos

Hace pocos días Kansas conseguía resistir el embate homófobo, pero Arizona no ha podido. Las cámaras legislativas de ese estado han aprobado una ley que autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Eso sí, a diferencia del proyecto que se debatió en Kansas, la ley de Arizona solo será aplicable a servicios de titularidad privada, no a funcionarios públicos. Todo apunta a que la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, firmará la ley, pese al llamamiento que sectores económicos le han hecho para que la vete.

La norma fue aprobada el miércoles por el Senado de Arizona por 17 votos a favor (los de todos los senadores republicanos) y 13 en contra (los de todos los senadores demócratas), dejando claro que en este estado la identificación de los republicanos con las posiciones discriminatorias es mucho más sólida que en otros lugares de Estados Unidos. Un día después era la Cámara de Representantes la que le daba su visto bueno por 33 votos a favor (todos ellos republicanos) y 27 en contra (los de los 24 demócratas y 3 republicanos). Los tres únicos representantes republicanos que votaron contra la discriminación fueron Heather Carter, Kate Brophy-McGee y Ethan Orr.

La ley «relativa al libre ejercicio de la religión» (que puedes descargar, en inglés, pinchando aquí) fue una propuesta de grupos conservadores ligados a la derecha religiosa que los legisladores republicanos no han dudado en hacer suya. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione «de forma sustancialmente motivada» con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Los defensores de la ley argumentan que ello impedirá, por ejemplo, que un fotógrafo opuesto al matrimonio igualitario por razones religiosas pueda negarse a prestar sus servicios en una boda entre personas del mismo sexo (aunque Arizona no permite a día de hoy tales bodas), pero lo cierto es que los términos de la ley son lo suficientemente ambiguos como para permitir que cualquier persona LGTB sea rechazada en un comercio, en un restaurante, en una sala de espectáculos o en un hotel, por mencionar algunos ejemplos. Si la persona acude a la justicia, quedará a interpretación del juez determinar si la discriminación está suficientemente fundada en las «creencias religiosas» o no.

«Intentamos proteger la libertad religiosa», ha justificado el representante republicano Steve Montenegro. «No queremos que el gobierno venga y obligue a una persona a actuar contra sus sagradas creencias religiosas o que se vea forzado a ello porque es el propietario de un pequeño negocio», ha añadido. Para el representante demócrata Rubén Gallego, sin embargo, «el mensaje es el siguiente: ‘queremos que trabajes aquí, pero no estamos dispuestos a protegerte, a proteger tus derechos, a proteger a tu familia'».  «Justificar la discriminación contra la comunidad LGTB o contra otros utilizando la religión es una afrenta a todos los ciudadanos de Arizona. Esta no es la Arizona en la que quiero vivir. Esta no es la Arizona en la que la comunidad LGTB quiere vivir», ha afirmado el también representante demócrata Demion Clinco, él mismo abiertamente gay. Por su parte, Victoria López, directora de programas de la ACLU (American Civil Liberties Union) en Arizona, ha expresado que su organización está examinando con detalle la legalidad de la norma.

Líderes económicos del estado piden a la gobernadora que vete la ley

Pero la oposición a la norma no proviene solo de la comunidad LGTB, de los políticos demócratas o de las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Sectores económicos del estado no ven con buenos ojos una ley que coloca a Arizona en el ojo del huracán como un estado irrespetuoso hacia las minorías, como ya sucedió hace pocos años cuando el estado aprobó una polémica ley antiinmigración, que ya entonces produjo un boicoteo hacia el estado de Arizona con importantes consecuencias económicas.

El Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council) una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, ha dirigido por ejemplo una carta a la gobernadora Brewer en la que expresamente le piden que vete la ley. La carta está firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (que a su vez es el presidente del Alliance Bank of Arizona).