Los «sabios» del Gobierno proponen eliminar la exención fiscal de la que se benefician algunas personas con VIH

El grupo de nueve asesores elegido por el Gobierno para elaborar una serie de propuestas en las que basar su reforma fiscal ha concluido su trabajo. Una de sus propuestas es eliminar la exención fiscal de la que gozan las ayudas a algunos afectados por el VIH, «en tanto esas enfermedades se han convertido en crónicas y no tienen ya, como tenían hace años, riesgo de muerte inmediata». La Coordinadora Estatal de VIH Sida (CESIDA) ha expresado su total oposición a dicha propuesta.

» (…) quizá no debería mantenerse por más tiempo la exención regulada en la letra b) del art. 7 relativa a las ayudas prestadas a los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana, en tanto esas enfermedades se han convertido en crónicas y no tienen ya, como tenían hace años, riesgo de muerte inmediata. El mantenimiento de esta exención podría conducir a la exigencia de ayudas exentas para otras muchas enfermedades crónicas que arrastran también riesgo de muerte no inmediata», reza el informe, en su página 102.

Una propuesta que para CESIDA atenta contra los derechos de las personas con VIH y merma «todavía más su capacidad económica en un contexto como el actual, que está provocando un grave retroceso en las políticas de equidad social y un considerable aumento de la exclusión social». Carlos Varela, secretario general de CESIDA, recuerda además que las personas con VIH «no están exentas del IRPF por padecer VIH, al igual que tampoco están exentas otras personas que padecen otras patologías». «Las deducciones fiscales de las que benefician algunas personas seropositivas solo se otorgan a las ayudas indemnizatorias que les reconoce el Estado al haberse producido la transmisión del VIH mediante tratamiento con hemoderivados o transmisión sanguínea dentro del sistema sanitario público, a sus cónyuges en caso de transmisión, y a sus hijos y familiares dependientes y/o mayores», explica Varela.

El secretario general de CESIDA también denuncia que personas no expertas en la infección con VIH realicen, en un documento de tanta trascendencia, afirmaciones tales como que «la infección por VIH ya no supone un peligro de muerte a corto plazo”. «La infección por VIH es una enfermedad que en determinados casos y en determinadas circunstancias es de evolución crónica, sin embargo en muchos otros, todavía sigue siendo mortal. CESIDA recuerda que solo en el año 2010 fallecieron un total de 1.020 personas a causa del sida, según datos del propio Ministerio de Sanidad», argumenta la nota de CESIDA, que recuerda además que el 30 % de las personas con VIH padecen alteraciones renales, que la depresión es dos veces más prevalente en las personas con VIH con respecto a la población general o que la osteoporosis es 3 veces más común en personas con VIH.

CESIDA recuerda además que el VIH/sida constituye una discapacidad a efectos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que el estigma asociado supone una barrera que dificulta la plena participación de las personas con VIH/sida en igualdad de condiciones que las demás.

Por todo ello, CESIDA considera que la propuesta del grupo de expertos fiscales en esta materia «no se ajusta a la realidad de las personas con VIH por tratamiento con hemoderivados o transmisión sanguínea, y sus familias» e insta a los Ministerios de Sanidad y de Hacienda «a que se manifiesten contrarios a la propuesta inicial formulada por este comité de expertos en esta materia y dejen sin efecto sus recomendaciones».

Los asesores que se convirtieron en «sabios»

El informe que han elaborado el grupo de asesores como base para la futura reforma fiscal ha recibido importantes críticas, tanto por sus insuficiencias técnicas (GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, considera que contiene «tachas de inconstitucionalidad» y advierten que favorece a las rentas más altas) como por su sesgo ideológico.

En este contexto, llama la atención que tantos medios de comunicación haya aceptado utilizar de forma acrítica el calificativo de «sabios» para referirse a este grupo, como si por mucho prestigio profesional que atesoren no se tratara al fin y al cabo de personas elegidas por el Gobierno y cercanas a sus postulados. Como bien argumenta Antonio Orejudo en eldiario.es, «si a ese grupo de profesionales se le llama grupo de sabios es porque se quiere que la gente de modo casi involuntario imagine un grupo de personas que no tiene otro interés o ideología que la búsqueda de la verdad y el bien común. Se le podría llamar lo que es en realidad, grupo de asesores del Gobierno, que es quien los ha elegido. Pero no, se le llama grupo de sabios para que nosotros nos imaginemos el típico consejo de ancianos bendecido por la sabiduría de la vejez. Si lo llamáramos grupo de asesores, entonces la gente se imaginaría algo más cercano a la verdad: un grupo de profesionales cuyos intereses e ideologías están cercanos a los intereses y a la ideología del ministro que los ha seleccionado. Y evidentemente no interesa que eso se subraye. Se quiere subrayar lo contrario: su neutralidad, su bondad natural e infinita».