La mayoría de centro-derecha rechaza un proyecto de matrimonio igualitario en Andorra y propone un proceso «gradual y en etapas»

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha rechazado con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la toma en consideración de un proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido presentado por la oposición socialdemócrata. El presidente del grupo demócrata, Ladislau Baró, ha justificado la negativa en que este tipo de cambios legislativos deben hacerse «de manera progresiva».

Los demócratas andorranos se inclina por aprobar en este momento una ley que denomine «unión civil» y no matrimonio a la institución jurídica que regule la unión entre personas del mismo sexo. La oposición socialdemócrata se opone sin embargo a crear dos categorías distintas en función del sexo de los contrayentes. Como ha explicado la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, ello sería contrario al principio de no discriminación. Para Gonzàlez, «una vez más ha vuelto a ganar el criterio más conservador e intolerante» en el seno de Demòcrates per Andorra, una formación política surgida de la unión de diversas fuerzas del centro y la derecha.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Andorra era el resultado de un proceso iniciado hace un año, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Meses antes, en enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra señalaba ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

A favor de mantener la discriminación, «pero menos que la actual»

La iniciativa, sin embargo, ha acabado chocando con la realidad política del Consell General, controlado ampliamente por los demócratas, partidarios en todo caso de un proceso «gradual y en etapas», según ha expresado el presidente de su grupo parlamentario, Ladislau Baró. Baró ha anunciado la presentación por su grupo de una proposición de ley que reconocería primero las uniones civiles «para no romper los equilibrios y consensos sociales», más «prudente y evolutiva». Al menos Baró ha sido honesto y ha reconocido que la nueva situación legal seguiría siendo discriminatoria, «pero mucho menos que la actual». «Se podría avanzar más, en eso estoy de acuerdo», ha añadido (Andorra, recordemos, aprobó en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que solo les concede parte de los derechos de los que gozan las parejas casadas).

Un reconocimiento que le ha parecido una «barbaridad» a la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, y que ha provocado la indignación de Maite Bourgeaud, una de las juristas que promovió el proyecto y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa. «Ahora dejo subir a los negros en el autobús, y ya más adelante les dejaré ir a la universidad», es el símil que ha utilizado para explicar la postura de los demócratas andorranos. «Si ven que hay una discriminación, ¿por qué no la eliminan? ¿Qué quiere decir progresiva? Esto no es aceptable», ha añadido.

Bourgeaud y el resto de juristas ya han señalado que continuarán dando la batalla política y en los tribunales, y que si Demòcrates per Andorra aprueba finalmente una ley que niegue a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre, o que les niegue el derecho a la adopción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria.