La ratificación por las Cortes del convenio de adopción con Rusia, «prueba del algodón» de la sensibilidad LGTB del nuevo PSOE

La Plataforma Estatal de Familias LGTB ha pedido a las Cortes que no ratifiquen el nuevo convenio bilateral de adopción con Rusia redactado conforme a la legislación homófoba vigente en ese país y que fue firmado la pasada semana por los dos gobiernos. La votación del convenio puede ser además la primera ocasión en la que el PSOE, ya con un nuevo líder electo, demuestre lo sólido de su compromiso con los derechos LGTB.

Lo primero que ha querido dejar claro la Plataforma Estatal de Familias LGTB, entidad que agrupa a diversos colectivos de familias homoparentales (Área de Familias de Triángulo, FLG, GALEHI, GALESH, MAGALA, SEHASKA y Son Nuestros Hijos), es su empatía con la angustia de las familias que han visto paralizados sus expedientes de adopción en Rusia. «Celebramos que 600 familias puedan ver satisfechos sus deseos de maternidad y paternidad», expresan estas organizaciones en su comunicado. No obstante, las familias homoparentales consideran que con la firma de este convenio «nuestro gobierno otorga legitimidad a una legislación homófoba que está claramente en contra de los derechos humanos básicos de las personas LGBT». «Cuando este gobierno cercena el alcance de la jurisdicción española en el extranjero, sin embargo, permite que la legislación homófoba rusa se aplique en España (…) Una vez más, se demuestra que los derechos de las personas LGBT y de sus hijas e hijos, son prescindibles para este gobierno y pueden sacrificarse fácilmente», añade el texto.

Como hemos explicado en entradas anteriores, la firma de un convenio que regulase la adopción entre Rusia y España estaba pendiente desde 2009, pero fue el verano pasado cuando se producía el bloqueo de las adopciones en curso después de que Rusia aprobara una norma cuyo objeto es impedir que menores rusos puedan ser ubicados en hogares de parejas del mismo sexo o monoparentales (con objeto de asegurarse de que no serán criados por lesbianas o gays), norma que Rusia ha querido trasponer al convenio ahora firmado.

Con su entrada en vigor, quedará oficializado el veto a la adopción de menores procedentes de Rusia por personas solteras y parejas del mismo sexo. Por lo que respecta a estas últimas, el convenio no supone un cambio real, ya que Rusia ya se negaba antes a tramitar peticiones de adopción de parejas homosexuales. Pero ahora se faculta además a las autoridades rusas a hacer un seguimiento de los menores ya adoptados, que deberán mantener la nacionalidad rusa al menos hasta su mayoría de edad y permanecer inscritos en el consulado ruso. Y Rusia podrá solicitar que el menor sea reubicado con otra pareja heterosexual en caso de que la situación del menor cambie.

Es cierto que el gobierno español ha incluido finalmente en el convenio que este seguimiento de las autoridades rusas se articulará “en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor”, cláusula ambigua que puede entenderse como una salvaguarda frente a la posibilidad de que si por ejemplo los padres adoptivos fallecen y su familiar más directo es gay o lesbiana este no pueda hacerse cargo del niño. Pero si el menor queda por ejemplo en situación de desamparo absoluto y tiene  que ser reubicado con una nueva familia esta solo podrá ser un matrimonio heterosexual. En definitiva, un convenio que supone aceptar la discriminación de las personas LGTB en nuestro propio suelo, pese a lo cual el gobierno español lo firmaba la pasada semana dando muestras de gran satisfacción y complicidad con el gobierno ruso.

Las Cortes deben ratificarlo y los grupos definirse

El único paso que queda para que el convenio esté en vigor es la ratificación por los parlamentos de Rusia y España. Y es aquí donde la Plataforma Estatal de Familias LGTB centra ahora su petición. «Pedimos que el convenio (…) no sea aprobado por las Cortes Españolas en las condiciones en las que ha sido firmado. Y se modifique de forma que todos los españoles seamos tratados por igual, independientemente de nuestra condición civil o nuestra  orientación sexual», expresa su comunicado.

La ratificación será sin duda una ocasión excepcional para comprobar la sensibilidad hacia la igualdad de las personas LGTB por parte de las diversas formaciones políticas. Especialmente interesante será ver lo que hace el PSOE, cuya todavía vicesecretaria general, Elena Valenciano, pedía en enero al gobierno que lo firmara en solidaridad con las familias que habían visto sus procesos de adopción paralizados.

A partir de este domingo, sin embargo, una nueva etapa ha comenzado en el PSOE con la elección por parte de sus militantes de un nuevo secretario general, que finalmente ha resultado ser Pedro Sánchez. Aunque este no será entronizado oficialmente hasta que se celebre el congreso socialista en un par de semanas, no cabe duda de que todas las decisiones que a partir de ahora adopte ese partido pueden considerarse parte de esta nueva etapa. Esperemos que más allá de compartir el dolor de las familias a las que el gobierno ruso ha utilizado como moneda de cambio tanto el PSOE como el resto de formaciones opten por el respeto a la igualdad jurídica de todos los ciudadanos con independencia de orientación sexual o identidad de género.