Botsuana reconoce el derecho de asociación a una organización LGTB mientras sigue castigando las relaciones homosexuales

Por fin una buena noticia desde el continente africano: el pasado viernes, el Alto Tribunal de Botsuana falló a favor de un grupo de defensa de los derechos LGTB al que el Gobierno había impedido registrarse legalmente como asociación. La sentencia provoca una situación paradójica en un país en el que las relaciones entre personas del mismo sexo constituyen un delito castigado, al menos sobre el papel, con hasta siete años de cárcel.

La organización LEGABIBO (Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana) lleva desde 2004 integrada en la federación de asociaciones pro derechos humanos y de lucha contra el VIH/sida BONELA (Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS). A pesar de ello, cuando solicitó formalmente el registro como asociación autónoma en 2009, el Gobierno le denegó esta posibilidad.

El grupo buscó entonces el amparo de la justicia, y con la ayuda de las organizaciones BONELA, OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) y SALC (Southern African Litigation Centre) presentó una demanda ante el Alto Tribunal de Botsuana contra la decisión gubernamental. El juez T.T. Rannowane ha dado ahora la razón a los litigantes y considera que la “negativa a registrar LEGAGIBO no era razonablemente justificable según la Constitución de Botsuana” y que esta acción del Ejecutivo “violaba la libertad de expresión, asociación y reunión de los demandantes”. La sentencia también aclara que “hacer campaña a favor de iniciativas legislativas no es per se un delito. Tampoco es un delito ser homosexual”.

El activista Caine Youngman ha agradecido el apoyo recibido y ha destacado la importancia del fallo judicial. “Hemos dado un paso hacia la igualdad completa y la justicia que buscamos”, ha afirmado. “Con nuestro sistema judicial independiente y protección de los derechos humanos, Botsuana está liderando África una vez más. Esta sentencia manda un mensaje de esperanza a través de un continente donde las vidas de las personas LGTBI se están volviendo más difíciles y más peligrosas en los últimos años”, ha añadido Youngman.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gays y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.