Los especialistas en VIH denuncian el impacto negativo que está teniendo la retirada de la asistencia sanitaria a los «sin papeles»

«El Real Decreto 16/2012 ha tenido un impacto negativo en la práctica asistencial, generando la existencia de profundas inequidades en el territorio nacional». Esa es la conclusión del estudio publicado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) en la revista Microbiología Clínica, que retrata, de forma desapasionada, la infamia que ha supuesto retirar la asistencia sanitaria a los inmigrantes «sin papeles». Y es que hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han reconocido que su práctica asistencial se ha visto afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% han expresado que los pacientes no fueron atendidos «ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley».

El estudio (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) se basa en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. Los resultados dejan bien claro las consecuencias de la decisión adoptada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. «Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida«, expresa el estudio de Gesida.

En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado «el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012» de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una sanidad que ha dejado de ser universal

El fin de la asistencia sanitaria universal es, conviene no olvidarlo, una de las principales medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera del sistema de atención sanitaria (con la única excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) diversos colectivos, como los inmigrantes «sin papeles» o a los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Una infamia que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Hace año y medio que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012.