El Gobierno de Chile y el colectivo MOVILH acercan posturas en su litigio jurídico sobre el matrimonio igualitario

El Gobierno de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han acercado posturas para llegar a una solución amistosa a la demanda interpuesta por este colectivo en 2012 contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) por prohibir el matrimonio igualitario. La buena disposición del actual ejecutivo chileno ante otras demandas en materia LGTB y la perspectiva de que un proyecto de ley de matrimonio igualitario se discuta próximamente en el Congreso allanan el camino.

En una reunión mantenida la semana pasada con representantes del Gobierno de Chile, el MOVILH presentó una propuesta que incluye la aprobación de diversas medidas antidiscriminatorias y la fijación de plazos para el Congreso discuta un proyecto de ley de matrimonio igualitario. El ambiente fue cordial y la disposición del Gobierno parece favorable. “Salimos muy satisfechos de la reunión, pues apreciamos una buena disposición del Gobierno en torno a nuestras propuestas y principios, los cuales enfatizan que el matrimonio igualitario como un tema de derechos humanos”, expresaron los representantes del MOVILH tras el encuentro. Sus abogados esperan que el Gobierno responda a la propuesta (reelaborada tras la reunión) a lo largo de marzo. Si la respuesta es favorable se formaría una mesa de trabajo y se firmaría la solución amistosa en abril.

La demanda presentada en 2012 por el MOVILH contra el Estado chileno era respuesta directa a un fallo emitido por la Corte Suprema de Chile, que rechazó un recurso contra una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago que daba la razón al Registro Civil en su negativa a registrar los matrimonios de tres parejas casadas en el extranjero (en su momento nos hicimos eco del caso).

La demanda considera que la negativa constituye una infracción a varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y solicita a Chile su corrección mediante la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En concreto, se alega que su prohibición vulnera el artículo 1, que obliga a los estados signatarios a “respetar los derechos y libertades reconocidos” en el texto y a “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación”; el artículo 2, por el cual los estados se comprometen a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos” los derechos garantizados en el artículo 1, y los artículos 17,  que resguarda la protección de la familia y el derecho y al matrimonio, y 24, relativo a la igualdad ante la ley y la no discriminación, entre otros.

Aprobada unión civil, pendiente matrimonio igualitario

Chile aprobó hace escasas semanas una avanzada ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, lo que no supone que los activistas LGTB de ese país hayan abandonado la lucha por el matrimonio igualitario, que la presidenta Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

De hecho, ya en diciembre veía la luz una primera iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado, pero nunca antes las perspectivas habían sido mejores.