Todas las fuerzas políticas españolas, salvo PP y Ciudadanos, acuerdan recuperar la sanidad universal

En línea con las principales organizaciones de lucha contra VIH, desde dosmanzanas siempre nos hemos posicionado contra el fin de la asistencia sanitaria universal, una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales. A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los «sin papeles» tengan acceso a la sanidad regular.