Indiana, bajo control republicano, aprueba una ley que permitirá discriminar a personas LGTB con argumentos religiosos

El sector más conservador del Partido Republicano se niega a aceptar las sucesivas derrotas en su batalla contra el matrimonio igualitario en Estados Unidos y se ha lanzado a promover una serie de iniciativas de corte homófobo en varios de los estados bajo control republicano. El primero de sus éxitos es el de Indiana, un estado cuyo gobernador, Mike Pence, ha sancionado una ley, aprobada por la legislatura del estado, cuyo objetivo es impedir que entes locales o el propio estado puedan aprobar normativas antidiscriminatorias que afecten a la «libertad religiosa».

La ley aprobada en Indiana pertenece a las llamadas leyes «de restauración de la libertad religiosa», vigentes en más de una veintena de estados del país, que blindan las creencias religiosas frente a otras posibles normas legales. La última de ellas fue la aprobada hace un año en Mississipi. De hecho, existe una norma similar a nivel federal, que fue aprobada en 1993 con la unanimidad de demócratas y republicanos y sancionada por el entonces presidente, Bill Clinton. Una norma, por cierto, que jugó un papel clave en la polémica sentencia del Tribunal Supremo que por 5 votos a 4 dio el pasado año la razón a Hobby Lobby, una cadena de tiendas propiedad de un multimillonario evangélico que reclamaba su derecho a no costear una serie de tratamientos anticonceptivos como parte del seguro médico de sus trabajadoras, como obligaba la reforma sanitaria de Obama. El Supremo falló a favor de Hobby Lobby, considerando que dicha obligación violaba la libertad religiosa de sus propietarios y que el Gobierno federal estaba obligado a buscar otra solución para que las empleadas de la empresa pudieran acceder a contraceptivos.

La de Indiana, sin embargo, es la primera de estas leyes que podemos considerar producto directo de la reacción contra el impulso judicial al matrimonio igualitario en Estados Unidos, que de aquí a junio libra su batalla final ante el Tribunal Supremo. Indiana es, de hecho, uno de esos estados a los que el matrimonio igualitario ya ha llegado como consecuencia de una decisión judicial. En septiembre de 2014, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, fallaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin violaba el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Lo hacía además con una sentencia en la que uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculizaba los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse. Pocas semanas después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en Indiana (y en otros cuatro estados), dando de esa forma validez a lo que la justicia federal había dictaminado en el nivel inferior.

La reacción homófoba no se hizo esperar, cristalizando en el proyecto de ley ahora aprobado, que no busca otra cosa que reforzar legalmente a todas aquellas personas e instituciones que se niegan a aceptar las relaciones entre personas de su mismo sexo, permitiéndoles discriminarlas alegando motivos religiosos. Una pareja del mismo sexo, por ejemplo, podría no ser atendida por el propietario de un negocio si este alega que ello entra en contradicción con sus creencias religiosas, sin que ninguna norma local o estatal contra la discriminación se lo pueda ya impedir. Algo que niegan los promotores de la ley (que en ningún momento se refiere expresamente a la las personas LGTB o a la homosexualidad) pero que a ningún observador se escapa.

El proyecto, pese a la polémica generada, fue finalmente aprobado por el Senado de Indiana por 40 votos a favor (todos republicanos) y 10 en contra (todos demócratas) y por la Cámara de Representantes por 63 votos contra 31 (todos los votos favorables fueron republicanos. De los votos contrarios, 26 fueron demócratas y 6 republicanos). El gobernador republicano, Mike Pence, firmó de forma casi inmediata la ley rodeado de religiosos, una imagen que simboliza de una forma perfecta lo sucedido:

 

¿Boicot al estado de Indiana?

Lo sucedido en Indiana ha tenido una gran repercusión a nivel de todo el país, provocando reacciones de profundo desagrado e incluso llamadas al boicot al estado de Indiana, que el conocido actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, que en pocas horas se convertía en Trending Topic en Estados Unidos.

Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce (con sede en California) ya ha anunciado en Twitter la cancelación de aquellos programas que supongan la necesidad de que trabajadores de la compañía viajen a Indiana. Por su parte, Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, ya había anunciado en una carta enviada por su presidente Adrian Swartout al gobernador Pence que se plantearía abandonar Indiana si la ley llegaba finalmente a buen puerto.

Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar tan directamente con el boicot, han expresado su contrariedad por lo sucedido en Indiana. Es el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del mismísimo presidente de Apple, Tim Cook.

Próxima parada… Arkansas

Hay que recordar que la amenaza a la economía local fue precisamente la que impidió hace poco más de un año que una ley muy similar viera la luz en Arizona (fue aprobada por la legislatura del estado, pero la entonces gobernadora Jan Brewer, también republicana, decidió finalmente vetarla).

Está por ver qué sucederá ahora en Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar que está ya solo pendiente de la firma del gobernador. Las expectativas desde luego no son buenas. El gobernador Asa Hutchinson ya ha anunciado que la refrendará, argumentando que no se trata de una ley distinta a la ya vigente en otros muchos estados, «de Illinois a Connecticut».