Uganda: un proyecto de ley para controlar a las ONG podría prohibir las asociaciones LGTB

Una nueva iniciativa legislativa podría volver a poner en el punto de mira a la comunidad LGTB de Uganda. El Gobierno presidido por Yoweri Museveni ha presentado un proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, con su redacción actual, podría suponer la disolución de cualquier grupo de lucha por los derechos LGTB o de lucha contra el VIH.

Cada pocos meses, la homofobia de Estado revive en Uganda. En esta ocasión de manera indirecta, por medio de una iniciativa destinada a dotar de poderes al ministerio del Interior para “supervisar, aprobar, inspeccionar y disolver” cualquier ONG o asociación comunitaria. Los criterios para prohibir una organización son que sus actividades sean contrarias al Gobierno o a “la dignidad del pueblo de Uganda”. Si el Parlamento aprueba la ley, cualquier asociación deberá pedir permiso para constituirse; la autorización podrá ser denegada si el ministerio opina que la formación del grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin definir.

Una formulación vaga cuya interpretación podría abrir perfectamente una vía legal para perseguir y castigar con penas de hasta ocho años de prisión a los dirigentes de organizaciones LGTB, entre otras, que no se disuelvan si no cuentan con el permiso gubernamental. Así lo ha denunciado Human Rights Watch (HRW), quienes alertan de que la nueva ley podría “negar la misma esencia de la libertad de asociación y expresión”. HRW explica que las ONG pro derechos humanos y contra la corrupción se encuentran cada vez con más dificultades para llevar a cabo su trabajo, y que la aprobación de esta iniciativa haría imposible esta tarea. Desde Sexual Minorities Uganda (SMUG) también temen que este “peligroso” proyecto los dejaría “sin ninguna oportunidad” de continuar su labor y su activismo.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se puso en marcha otra iniciativa el año pasado para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.