La Fiscalía de Colombia imputa cargos criminales a tres directivas de colegio que llevaron a adolescente gay al suicidio
Finalmente la Fiscalía de Colombia ha imputado a tres directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el acoso homofóbico sufrido por Sergio Urrego, el adolescente que se quitó la vida en 2014. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. En una decisión histórica, la justicia ha decretado prisión para dos de las imputadas.
Dosmanzanas ha seguido de cerca el caso de Sergio Urrego, adolescente gay, ateo y anarquista, además de brillante estudiante, que cursaba bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres. Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores.
Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Alba Reyes decidió presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. Poco después, la dirección del centro se defendía alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo que el joven negó sorprendido y ante lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.
Durante todo este tiempo se han sucedido las noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. Pero en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía ha investigado lo ocurrido. No ha sido sin embargo hasta la semana pasada, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas -ya en noviembre pasado se adelantaba la imputación de Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, y a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga- que ha tenido lugar la audiencia en la que la Fiscalía ha imputado a Castillo, a Cheque y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia.
Y es que el que fuera novio de Sergio apareció además para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. También varios compañeros de clase dieron versión a la Fiscalía en la que se evidencia que las directivas del colegio denigraron a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral. La Fiscalía afirma de hecho contar con más de 43 pruebas que indicarían que hubo manipulación por parte de Castillo al pedir a varios menores cambiar su versión de los hechos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla el juicio…
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Hasta 10 años de cárcel podrían pasar esas dos fanáticas religiosas por hacer bullying, acusar injustamente y provocar el suicidio de su adolescente alumno gay. Ojalá y paren tras las rejas, vaya «educadoras».