Roy Moore, presidente de la Corte Suprema de Alabama, ordena suspender la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo

El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha emitido una orden administrativa, en la que ordena a los jueces de familia del estado que cesen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La excusa del pertinaz juez Moore es que se debe clarificar si sigue en vigor la prohibición de emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo dada por la Corte Suprema de Alabama en el mes de marzo, antes de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del pasado mes de junio que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Sin embargo, aunque en algunos distritos se habían dejado de facilitar provisionalmente estas licencias de matrimonio, en todos ellos se han vuelto a expender después de haber recibido el oportuno asesoramiento legal.

En el mandato administrativo emitido por el juez Moore, en su calidad de máxima autoridad judicial de Alabama, se esgrime la posibilidad de que siga en vigor la orden de la misma Corte del 3 de marzo, en la que se establecía la prohibición de facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama. Según el magistrado, hay que dilucidar si esta orden está afectada normativamente por la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba incontitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Mientras tanto, según su criterio, “hasta una nueva decisión de la Corte Suprema de Alabama, la orden en vigor de la Corte Suprema de Alabama es que los jueces de familia de Alabama tienen el deber ministerial de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de la Enmienda Sobre la Santidad del Matrimonio o la Ley de Protección al Matrimonio de Alabama, que permanecen en pleno vigor y efectos”.

Lo cierto es que la orden del 3 de marzo fue un acto de clara insumisión legal, pues fue emitida después de que la juez Callie V. S. Granade dictaminara en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Como tanto la Corte de Apelaciones del 11º Circuito como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspender la sentencia durante el proceso apelación, la Corte Suprema de Alabama, presidida por el juez Moore, emitió la citada orden del 3 de marzo, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Debido a esta barbarie jurídica, los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo del alto tribunal, favorable al matrimonio igualitario, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospusieran la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Pasado ese plazo, tras un período de confusión legal, finalmente todo se ha desarrollado con normalidad en Alabama, y las parejas del mismo sexo que han decidido contraer matrimonio lo han podido hacer sin problema alguno. Hasta que el juez Moore ha querido volver a poner de manifiesto su inveterada homofobia, que ya había hecho palpable en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia favorable al matrimonio igualitario del tribunal federal. En aquella ocasión hizo llegar un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

Una orden sin posibilidad de ser acatada

Lo que el juez Moore oculta tras su verborrea legal es que, por si la sentencia del Tribunal Supremo no fuera suficiente, la propia juez federal Callie V. S. Granade emitió el pasado 1 de julio un mandato tras darse a conocer el fallo del alto tribunal, en el que establecía que su orden del pasado mes de mayo de emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo tomaba pleno efectos, y que la orden afectaba a todos los implicados en la demanda, que, recordemos, era el conjunto de funcionarios y jueces de familia de Alabama.

Por su parte, los fiscales federales de Alabama, Joyce White Vance del distrito norte y Kenia Brown del distrito sur, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la decisión del juez Moore, aunque advierten que la ley que se debe acatar es la que se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo: “Tenemos una seria preocupación respecto a esa orden, que ordena a los jueces de familia de Alabama que desobedezcan el fallo del Tribunal Supremo. Los funcionarios del gobierno tienen la libertad de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Este asunto ya se ha decidido por el más alto tribunal del país y Alabama debe seguir esa ley».

Los jueces de familia y los funcionarios de Alabama parecen estar de acuerdo con la opinión de los fiscales. Aunque el mismo día de la publicación de la orden del juez Moore algunos decidieron suspender provisionalmente el facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, tan solo uno o dos días después reanudaron su emisión tras recibir la correspondiente asesoría legal. Y es que vulnerar un derecho constitucional establecido por el Tribunal Supremo podría tener, tanto para el funcionario como para el propio condado y estado de Alabama, repercusiones penales y económicas de alto calado.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.