Un tribunal de Chile admite un recurso favorable al matrimonio igualitario

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha admitido un recurso de protección presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) contra la prohibición del matrimonio igualitario en Chile. El proceso judicial emprendido por la organización LGTB chilena, bajo la batuta del abogado y activista Jaime Silva, se motivó en la negativa de conceder hora a Ramón Gómez Roa y Gonzalo Velásquez para celebrar su matrimonio. La pareja litigante se ha confesado “feliz por esta determinación, que abre las puertas a un debate real sobre el matrimonio igualitario”.

Para el histórico activista LGTB chileno Rolando Jiménez, “estamos en un momento único en la lucha por el matrimonio igualitario. Tanto el poder Legislativo, como el Ejecutivo, han sido débiles e ineficientes en esta materia, y esperamos que los pronunciamientos de los tribunales vayan acelerando este largo camino hacia la igualdad”. Lo cierto es que, como señala Rolando, el proyecto legislativo se ha anunciado que se empezará a discutir en 2017. Y aunque recientemente se ha aprobado las uniones de hecho abiertas a parejas del mismo sexo, el activismo nunca ha renunciado a la lucha por la total igualdad en la institución matrimonial.

La propia pareja formada por Gómez y Velásquez, cuyo caso ha logrado que se revierta la inadmisibilidad judicial por la negativa de una oficina del Registro Civil a darles hora para casarse, manifiestan que “esperamos que se haga justicia, pues nuestro sueño es casarnos y adoptar, no unirnos civilmente”. Las palabras de estos novios vienen a respaldar la petición de plena igualdad matrimonial, con independencia de la aprobación de las uniones civiles igualitarias.

Asimismo, posturas sobre el matrimonio igualitario como la del presidente de la Corte Suprema de Chile contribuyen positivamente al debate y a la movilización. El magistrado Sergio Muñoz, concretamente, aseveraba el pasado mes de noviembre que se trata de “una deuda del Estado con las parejas del mismo sexo”. En el ámbito social, parece que los jóvenes están cambiando su percepción en materia de igualdad, con respecto a anteriores generaciones. Según un estudio de la Universidad Diego Portales, el 73 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años respalda el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 60 % es partidario de la adopción homoparental.

Antecedentes sobre el debate del matrimonio igualitario en Chile

La actual presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, prometía en marzo de 2013 que en caso de ser elegida abriría el proceso de discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, Bachelet aseguraba que “creo que hay que avanzar y debatir sobre esto y que no hay un solo tipo de familia. Aquí no hay estereotipos, aquí lo que importa son los distintos tipos de familia, donde hay afecto, redes de apoyo y que todas esas familias deben ser consideradas”. Sin embargo, mientras Bachelet reconocía que la sociedad “ha avanzado”, el presidente del Partido Socialista chileno, Osvaldo Andrade, se reiteraba en sus declaraciones públicas de 2010, en las que decía no sentirse “de acuerdo con el matrimonio igualitario” puesto que, en su opinión, “a sociedad chilena todavía no está preparada para asumir una propuesta de esa naturaleza”.

En paralelo a este proceso, hace un año nos hacíamos eco de que el Gobierno de Chile y el MOVILH acercaban posturas para llegar a una solución amistosa a la demanda interpuesta por este colectivo en 2012 contra el estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) por prohibir el matrimonio igualitario, ante la perspectiva de que un proyecto de ley sobre la materia se discutiese en el Congreso. Algo que por el momento continúa sin materializarse plenamente, pese a que ya a finales de 2014 se presentó una primera iniciativa.

En otros terrenos, fuera del político, algunos sectores reaccionarios se han empeñado en oponerse a cualquier avance en materia LGTB. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el del autoproclamado “pastor” Javier Soto, un recalcitrante homófobo, y su grupo de “seguidores”. Afortunadamente, tras ser en un principio absuelto por un juez por sus agresiones físicas y verbales contra el activista Rolando Jiménez, acabó siendo juzgado y condenado por “delitos de odio” por otro magistrado, tras el recurso presentado por el MOVILH.