Colombia: reúnen las firmas necesarias para promover, vía referéndum, la prohibición de adoptar a parejas del mismo sexo y personas solteras

Malas noticias las que llegan desde Colombia, donde la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, que desde hace más de un año persigue la convocatoria de un referéndum para prohibir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar en ese país, ha conseguido reunir las firmas necesarias para promover una reforma constitucional que impediría lo que ya es una realidad en Colombia tras recientes sentencias de la Corte Constitucional. La reforma iría incluso más allá, imposibilitando también la adopción por personas solteras, con el argumento de que los niños necesitan «un papá y una mamá». La pelota está ahora en el tejado del Congreso.

Colombia ha dado pasos de gigante en lo que al reconocimiento de la homoparentalidad se refiere gracias a su Corte Constitucional. En noviembre, el más alto tribunal colombiano daba su visto bueno a la adopción homoparental conjunta por seis votos contra dos. Lo hacía centrándose en los derechos de los menores, “especialmente aquellos en situación de abandono, a tener una familia”. Un derecho que “se puede hacer efectivo brindándoles cualquier tipo de familia que se encuentre constitucionalmente reconocido, bien sea de aquellas conformadas por vínculos jurídicos, de las que surgen por vínculos naturales, o de las que se conforman por la voluntad responsable de sus integrantes”. Hay que tener en cuenta que ya en 2011, en otra histórica sentencia, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las parejas del mismo sexo están protegidas por el derecho constitucional a“conformar una familia”.

La sentencia de noviembre superaba una sentencia anterior desfavorable, que aunque sí permitía a las parejas del mismo sexo la adopción del hijo biológico del otro miembro de la pareja (ya en 2014 el más alto tribunal colombiano había avalado por seis votos contra tres que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su pareja, concebida por inseminación artificial) se resistía a dar el visto bueno a la adopción conjunta. Centrar la discusión en el derecho del menor a una familia, y no en sí existía o no discriminación de las parejas del mismo sexo, resultó decisivo para el giro.

A los pocos días la Corte Constitucional fallaba también a favor de una pareja de hombres que en su momento no pudo registrar a sus dos hijos nacidos en California mediante gestación subrogada, ordenando además adecuar el formato de los registros de nacimiento para que estos admitiesen a los hijos de parejas del mismo sexo. La Corte consideró que los argumentos contrarios a estas inscripciones “se basan en una interpretación tradicional y heterosexual de la familia que aunque se encuentra plenamente protegida por la Constitución, no es la única unión familiar amparada por la Carta”. Ello llevó, pocas semanas después, a que por primera vez dos mujeres pudiesen registrar como madres a su hija, concebida por inseminación artificial en la propia Colombia, sin tener que recurrir a la vía de la adopción en el seno de la misma pareja.

Éxito de los homófobos en su recogida de firmas

En definitiva, toda una serie de pronunciamientos en favor de la realidad familiar homoparental que han desatado las iras de los homófobos, según los cuales la Corte Constitucional, con este tipo de sentencias, está legislando de espaldas al Congreso, donde es altamente improbable que fuesen aprobadas, y que se han centrado esto últimos meses en reunir las firmas suficientes para promover un referéndum de reforma constitucional que prohíba adoptar tanto a las parejas del mismo sexo como a las parejas solteras. La iniciativa es de la senadora liberal Viviane Morales, de convicciones evangélicas, y cuenta con el apoyo de numerosos congresistas de diversas fuerzas políticas.

Los contrarios debían reunir un número de firmas equivalente al 5% del censo electoral (1.665.000), para lo cual disponía de seis meses desde que se inició el proceso de recogida. Finalmente, gracias sobre todo a la movilización tanto de los cada vez más influyentes grupos evangélicos como de las parroquias católicas, Morales ha conseguido recolectar 2.135.000. Las firmas han sido ya presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que debe revisarlas y certificarlas.

Conviene precisar, en cualquier caso, que según la ley colombiana el que una iniciativa popular consiga el umbral de firmas no significa que el referéndum tenga que celebrarse. Una vez la Registraduría las avale y certifique, será el Congreso el que deberá decidir si se aviene o no a convocarlo, para lo cual la iniciativa debe recibir el visto bueno de Cámara de Representantes y Senado y ser sometida finalmente a revisión de constitucionalidad. Solo en caso de ser declarado exequible se procederá a su convocatoria. Si se llega a celebrar, requiere no solo que el resultado sea superior al 50% de los votos emitidos, sino que el voto afirmativo exceda de la cuarta parte del total del censo. Queda, en definitiva, mucho recorrido por delante antes de perder la batalla de los derechos.

«Un referéndum de odio»

En un artículo publicado en el diario El Espectador, el activista Mauricio Albarracín expresa claramente cual es el sentir de la comunidad LGTB respecto a la posible convocatoria del referéndum. «La reforma que se pretende hacer a la Constitución es un acto de exclusión contra las parejas del mismo sexo y las personas solteras de la posibilidad de adoptar, con lo cual se violan los derechos de los niños a tener una familia y se quebranta la igualdad que es un pilar de la Constitución. Lo que es más grave: se sustituyen los principios del pluralismo, de la autonomía personal y la diversidad de las familias, incluyendo a las personas heterosexuales solteras quienes tampoco podrán adoptar. Si este referendo se lleva a cabo, sería la primera vez en toda nuestra historia institucional que se intenta quitar derechos constitucionales a una minoría a través de un mecanismo de participación», expresa Albarracín, para el cual este referéndum «moviliza el prejuicio, la animadversión y la mentira contra gais y lesbianas».

«Además, este referendo es un acto abusivo y tiránico de las mayorías. La Corte Constitucional ha dejado claro que existe ‘una regla de la mayoría limitada que evita el desconocimiento de derechos de las minorías’. Esto quiere decir que los derechos fundamentales son asuntos que no pueden ser sometidos a las mayorías y deben ser respetados en democracia. En palabras de la Corte: ‘la democracia no es la tiranía de las mayorías, pues los derechos de las minorías deben ser respetados y protegidos’. Un tirano no es solamente un dictador, también el pueblo puede querer tiranizar a un grupo más pequeño; bien lo recordaba John Stuart Mill: ‘La tiranía de la mayoría es uno de esos males contra los que la sociedad debe mantenerse en guardia'», añade, certero, Albarracín.

Multitud de niños en espera de ser adoptados

Lo paradójico del asunto es que la iniciativa para limitar la adopciones ocurren cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha visto obligado a lanzar una campaña para promover la adopción debido a la caída en el número de menores adoptados que se ha registrado en los últimos años, lo que hace que cada vez más niños tengan que permanecer al cargo del estado sin poder acceder al cariño de una familia.

El ICBF, por cierto, es uno de los organismos que en su momento avaló la adopción homoparental en Colombia, al igual que han hecho la Defensoría del Pueblo, el Colegio Colombiano de Psicólogos y varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor, o la Universidad Externado de Colombia).