Un juez federal prohibe a los funcionarios de Mississippi que rehusen celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo por razones religiosas

El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato a los funcionarios de Mississippi, por el que les impide objetar la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas.  La orden es de inmediata aplicación e impide que la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa promulgada por el gobernador del estado el pasado mes de abril, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, sea utilizada con ese propósito. Tanto el gobernador como el fiscal general de Mississippi han expresado su intención de apelar la decisión del juez Reeves.

Carlton W. Reeves fue el juez federal que en noviembre de 2014 dictaminó que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Mississippi violaban el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En aquella ocasión, también emitió un mandato a los funcionarios del estado sureño para que dejasen de aplicar dichas leyes y facilitasen el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Su mandato, sin embargo, fue suspendido por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito mientras se decidía la apelación presentada por el gobernador Phil Bryant y el fiscal general Jim Hood. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, no obstante, nunca llegó a decidir al respecto, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio igualitario en todo el país antes de que tomara decisión alguna.

El pasado mes de abril, el gobernador Bryant promulgó la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor o funcionario estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB. En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

La ley tomará efectos el próximo 1 de julio, y ya ha sido recurrida por organizaciones de defensa de los derechos civiles como Campaign for Southern Equality. El juez encargado del recurso no es otro que el propio Carlton W. Reeves, que aún debe decidir si todas las medidas que establece la ley se ajustan o no a derecho. Pero antes de que prosiga el proceso del recurso y emita su dictamen, el juez Reeves ha tomado la decisión de emitir un mandato que impide a los funcionarios de Mississippi que objeten la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas. Y lo ha hecho porque entiende que este nuevo mandato no es más que una prolongación del que emitió en noviembre de 2014, cuando dictaminó a favor del matrimonio igualitario, dictamen respaldado por el propio Tribunal Supremo. Es decir, esa parte de la ley aprobada por las cámaras de Mississippi contraviene su sentencia anterior y por lo tanto no puede ser aplicada.

En su mandato, el juez Reeves aclara que “los funcionarios electos de Mississippi pueden estar en desacuerdo con Obergefell [el nombre con que es conocida la sentencia del Tribunal Supremo favorable al matrimonio igualitario], por supuesto, y pueden expresar ese desacuerdo como mejor les parezca —por ejemplo, abogando por una enmienda constitucional para revocar la decisión—, pero la cuestión de las licencias de matrimonio no va a ser considerada de nuevo después de cada sesión legislativa”.

Roberta Kaplan, abogada contratada por Campaign for Southern Equality, bien conocida por su exitosa labor en el precursor caso Windsor (el que dio fin a la discriminación federal de los matrimonios del mismo sexo), emitió el siguiente comunicado elogiando la decisión de juez Reeves: «Un año después de que el Tribunal Supremo garantizase el matrimonio igualitario en el caso Obergefell, estamos encantados de que el juez Reeves reafirme el poder de los tribunales federales para aclarar definitivamente lo que significa la Constitución de los Estados Unidos».

Por su parte, la portavocía del gobernador Bryant y la del fiscal general Hood han comunicado que se encuentran estudiando el mandato del juez Reeves, y que se plantean presentar el correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.