Un juez federal paraliza la directiva que obliga a las escuelas públicas de Estados Unidos a respetar la identidad de género de su alumnado trans

Nuevo episodio en la batalla por los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Un juez federal ha paralizado la aplicación de la directiva para que los estudiantes trans de los centros educativos públicos puedan utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La norma impulsada por la administración Obama iba a empezar a aplicarse con el comienzo del curso escolar.

El juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitió el pasado domingo una medida cautelar (preliminary injuction) que deja en suspenso, justo antes de que empiece el curso escolar, la orden de la administración Obama que insta a los centros educativos públicos a que permitan al alumnado trans hacer uso de las instalaciones acordes con su identidad. La sentencia de O’Connor es la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación el pasado mes de mayo, que indicaban a la comunidad educativa que las leyes antidiscriminación por razón de sexo deben aplicarse también a las diferentes identidades de género.

Una visión que no comparte el magistrado, que cree que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla: lo cual, en opinión de O’Connor, contradice estatutos y textos regulatorios existentes a nivel de los estados. El departamento de Educación replicó que las directrices se limitaban a aclarar la interpretación que hace la administración federal de las normativas antidiscriminación y que la retirada de fondos públicos sería solo la última medida tras un proceso judicial.

Expertos legales consultados por The New York Times limitan el alcance de la resolución del juez O’Connor, porque no afecta a otros frentes judiciales sobre derechos trans que están abiertos actualmente. El propio magistrado, nominado en su momento por el expresidente George W. Bush, advierte de que no se ha dicho la última palabra “este complicado asunto político” y reconoce la “dificultad de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y su privacidad personal” con la garantía de que “ningún estudiante es innecesariamente marginado”.

Dos batallas legales se están librando actualmente sobre este mismo asunto. Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch anunciaba en mayo una demanda federal contra la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, que entre otras cosas prohíbe a las personas trans escoger los baños públicos acordes con su identidad. Además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo del país prohibió temporalmente a un adolescente trans, Gavin Grimm, poder usar el baño de chicos de su instituto. En abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito con sede en Richmond (Virginia) le había dado la razón a Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La sentencia del Supremo revoca temporalmente la de la Corte de Apelaciones y supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

A pesar de que estos dos frentes siguen abiertos, la medida cautelar de O’Connor supone una nueva victoria para las fuerzas homófobas y tránsfobas que han hecho del derecho a usar los baños acordes con la propia identidad sexual su caballo de batalla en los últimos meses. Así lo consideran diversas organizaciones de derechos civiles que han emitido un comunicado oponiéndose al fallo del juez federal: “Una sentencia de un solo juez en un circuito no puede anular los años de jurisprudencia a nivel nacional que establecen que los estudiantes transgénero tienen el derecho a ir a la escuela sin ser discriminados”. El fiscal general de Texas, por el contrario, se ha felicitado por la medida, ya que en su opinión el presidente Obama “intenta reescribir las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

Una directiva para atajar la discriminación del alumnado trans

La directiva aprobada por el departamento de Educación el pasado mes de mayo y enviada a todos los distritos escolares del país estipula que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

La estrategia del “pánico transexual”, trasfondo de la polémica

La sentencia de O’Connor, como la del Supremo hace unas semanas, supone un cierto jarro de agua fría para las organizaciones LGTB. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).