El discurso de odio de la jerarquía católica española sigue impune: archivan las denuncias por homofobia contra Cañizares y Fernández

Sabíamos, en nuestro fuero interno, que no sucedería. Y así ha sido: tampoco esta vez el discurso de odio contra las personas LGTB instalado en una parte de la jerarquía católica española recibirá reproche judicial alguno, por tibio que sea. De nuevo las denuncias son archivadas. Ha sucedido con el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, y con el obispo de Sevilla, Demetrio Fernández. Dos personajes que parece que podrán seguir menospreciando la dignidad de las personas LGTB con impunidad absoluta. 

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad de no admitir la denuncia interpuesta en su día por el colectivo Lambda contra Antonio Cañizares, que como bien recordamos acusó en una misa al “imperio gay y ciertas ideologías feministas” de una “escalada”contra“el bien precioso de la familia cristiana”. El motivo, la aprobación de leyes contra la discriminación de las personas LGTB en varias comunidades, y entre ellas próximamente la Comunidad Valenciana. Leyes que Cañizares consideró que fomentan lo que el sector conservador de la Iglesia católica llama “ideología de género”, según él “la más insidiosa que ha habido en toda la historia de la humanidad” (días después Cañizares llegaba a sugerir incluso la desobediencia civil a las leyes igualitarias). El mismo destino que la denuncia de Lambda ha seguido otra similar, que también presentó contra Cañizares la Red Española de Inmigración.

La Audiencia de Valencia estima ahora que las palabras de Cañizares son «una simple manifestación de la libertad de expresión y de comunicación de ideas sobre temas que forman parte del debate público» y que ninguna de sus frases «ni por sí solas ni en su conjunto» pueden ser consideradas como constitutivas de un delito de incitación al odio o la violencia ni de cualquier otro recogido en el Código Penal. La sala se permite incluso afirmar que la conducta de incitación al odio entraña una «especial dificultad probatoria» porque «no es más que un estado de ánimo».

Por lo que se refiere a la denuncia contra Demetrio Fernández, la decisión de archivarla parte de la propia Fiscalía. Había sido interpuesta después de que el obispo de Córdoba, en declaraciones relativas a la ley contra la LGTBfobia recientemente aprobada en Madrid, asegurase que la “ideología de género” es “una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. El Ministerio Público abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por un particular, a la que posteriormente sumó un escrito presentado por el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado (escrito que contó además con el respaldo de más de 2.000 personas en una petición en la plataforma change.org). Ahora La Fiscalía ha procedido a su archivo, argumentando que para iniciar una causa penal la denuncia se debe fundamentar en un hecho concreto y no ser «una denuncia genérica», como según su parecer ocurriría en este caso.

En definitiva, el enésimo caso de archivo de una denuncia contra un obispo de la Iglesia católica por declaraciones LGTBfobas. De hecho, que sepamos nunca hasta el momento ha prosperado una denuncia así en España. Ante tal escenario de impunidad no produce extrañeza que estas personas se sientan seguras a la hora de difundir su despreciable discurso de odio.