La Comunidad de Madrid ordena una inspección al colegio cuyo director compara la ley madrileña contra la LGTBfobia con el fanatismo terrorista

Tras la difusión pública por parte de Arcópoli de la carta que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón dirigió a sus alumnos, en la que comparaba la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia con el fanatismo terrorista, la administración autonómica ha comenzado a tomar medidas. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha iniciado su procedimiento inspector para establecer si se ha infringido la normativa educativa vigente sobre conciertos educativos, y si cabe la apertura de un expediente sancionador. Por su parte, la portavocía de la Conferencia Episcopal, lejos de condenar el contenido de la misiva, defiende el derecho a proclamar «la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad», y habla de no pasar a “inquisiciones laicas”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Cristina Cifuentes, ha ordenado al Servicio de Inspección Educativa la elaboración de un informe sobre la carta que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón —un colegio concertado financiado con fondos públicos— dirigió a sus alumnos. En la misiva, el director Carlos Martínez se ensañaba contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia, de la que llegaba a afirmar que “el parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”. El texto también se refería al “fanatismo musulmán”, lo equiparaba con la «ideología de género«, y calificaba a ambos de “maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”, recordando palabras del papa Juan Pablo II.

A la carta, el director acompañaba además una copia de la nota que tres obispos madrileños difundieron tras la aprobación de la ley contra la LGTBfobia, bajo el título de Tiempo de sanación [sic], no de lamentaciones, en la que calificaron la nueva normativa de “ataque a la libertad religiosa y de conciencia” e hicieron un llamamiento a la desobediencia civil.

Tales afirmaciones en una carta dirigida al alumnado podrían vulnerar la normativa educativa vigente sobre conciertos educativos. De ser así, se abriría el correspondiente expediente sancionador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado respecto al contenido de la carta que «este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación, y desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir”. Asimismo, ha expresado su «discrepancia absoluta» con el texto.

Según Cifuentes, la radicalidad del mensaje es lo que ha ocasionado que “haya enviado al centro a los inspectores, para que ver qué actuaciones puede realizar la Comunidad de Madrid, puesto que se trata de un centro sostenido con fondos públicos», sin bien aún se está a la espera de que la Consejería de Educación obtenga el informe inspector. Una vez en sus manos, «hay que ver dónde llega la libertad de expresión de esta persona, pero hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presionar o de influir a los padres, por eso la inspección está estudiando el asunto», afirma la presidenta autonómica.

Desde la Consejería de Educación también se expresa la discrepancia con el contenido de la carta, dado que sus proclamas «no contribuyen al buen entendimiento, respeto y tolerancia que son necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo».

Desde los grupos de la oposición municipal de la localidad donde se ubica el centro escolar, como Ganar Alcorcón, se pide que se eviten convenios con centros “que enarbolen prácticas antidemocráticas”. El ayuntamiento de Alcorcón, presidido por el popular David Pérez, estableció un convenio con el colegio Juan Pablo II para la realización de prácticas de Formación Profesional en diferentes especialidades. También fue uno de los centros a donde se derivaron alumnos que no consiguieron matricularse en los centros públicos que habían solicitado.

Los obispos no condenan y hablan de “inquisición laica”

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha evitado condenar las expresiones del director del Juan Pablo II, pues, según sus palabras, “no entro en valoración de comportamientos concretos, no tengo todos los datos». En lo que sí ha entrado es en argumentar que «la ideología de género no es compatible con la doctrina cristiana sobre la persona humana y sobre el matrimonio y la familia. Es una imposición contraria la antropología sobre el matrimonio y la familia».

En cuanto a la posible sanción al colegio Juan Pablo II en aplicación de la normativa educativa vigente, el portavoz de los obispos ha defendido el poder ofrecer «la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad», y ha considerado que «gracias a Dios hemos superado todas las inquisiciones. No pasemos a las inquisiciones laicas». Para Gil Tamayo, «hay que respetar que la Iglesia tenga sus convicciones, en respeto exquisito a las personas. Y hemos de hacerlo con caridad y claridad».

El colegio Juan Pablo II no rectifica y se fundamenta en el papa Francisco

Por su parte, la Fundación Educatio Servanda, a la que pertenece el colegio concertado Juan Pablo II, ha emitido un comunicado en el que no solo no rectifican las afirmaciones del director del centro, sino que exigen que se respeten.

“Reiterando nuestro más absoluto respeto a quienes piensen de forma diferente”, comienza la declaración, “Educatio Servanda solicita idéntico respeto hacia todas las familias que, en pleno y legítimo uso de su libertad, han elegido el ideario y carácter propio de nuestros centros», ya que, para la Fundación,»corresponde a los padres de familia tomar la decisión de optar por el modelo educativo que desean para sus hijos, un derecho reconocido y amparado por la Constitución Española en su artículo 27,3 y por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Cabe recordar que, al ser un colegio concertado y recibir alumnos derivados por no obtener plaza en los centros públicos de la localidad, entre su alumnado actual podría haber niños y adolescentes LGTBI o musulmanes, o que simplemente no comulguen con la ideología del centro, que se habrían visto obligados a estudiar en el Juan Pablo II al no haber otra alternativa.

El comunicado sigue defendiendo su postura, amparándose en el magisterio del papa Francisco «en relación con la llamada ideología de género», quien afirmó en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 56 que «presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia». La Fundación defiende que su ideario está fundamentado en  las palabras de Francisco en las que consideraba que «esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer».