El caso Sergio Urrego, el adolescente gay que se suicidó en 2014, conduce a la primera condena penal por discriminación homófoba en Colombia

Primera sentencia condenatoria en el caso de Sergio Urrego, el adolescente colombiano que se quitó la vida en 2014 tras sufrir discriminación homófoba por parte de la dirección de su colegio. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. Un caso que supone un antes y un después en la historia de la justicia colombiana a la hora de abordar la discriminación por orientación sexual.

Dosmanzanas siguió en su momento con cierto detalle la historia de Sergio Urrego, un adolescente gay, ateo y anarquista que cursaba (con gran brillantez académica, por cierto) bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno, después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres.

Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores. Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio, Alba Reyes, mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Decidió por ello presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. La dirección del centro se defendió alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo sobre lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido diversas noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. La acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante, determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“.

Un fallo que, como también recogimos en su momento, desató la ira de los sectores ultraconservadores colombianos, que entre otras cosas situaron en el punto de mira durante los meses posteriores a Gina Parody, ministra de Educación y abiertamente lesbiana, por sus esfuerzos a la hora de implementar la sentencia e introducir el respeto a la diversidad sexual y de género en las aulas. Parody, de hecho, acabó presentando su dimisión en octubre de este año.

El proceso penal

En cualquier caso, en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía investigó también lo ocurrido por la vía penal. Fue en mayo de 2015, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas, que se imputaba a Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga, y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia. De hecho, el que fuera novio de Sergio apareció para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. Las declaraciones de varios compañeros de clase a la Fiscalía aportaron también indicios de que el colegio denigró a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral.

Más de un año y medio después, y después de que la acusada llegara a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de la pena, la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, ha sido condenada a 27 meses de prisión domiciliaria y a pagar 90 millones de pesos por su participación en los hechos. Eso sí, como parte del ventajoso acuerdo con la Fiscalía, Ramírez testificará contra Amanda Azucena Castillo e Ivón Cheque.

La condena a Rosalía Ramírez ha sido recibida con satisfacción por el colectivo LGTB Colombia Diversa, involucrado desde el primer momento con junto a la familia de Urrego en el proceso legal. Para Colombia Diversa, se trata del «primer fallo condenatorio por discriminación por orientación sexual, un hecho que nunca se había registrado en Colombia». Para el prestigioso diario El Espectador, que este jueves editorializaba sobre el tema, «el país sigue en mora de implementar los correctivos en el sector educativo para que nunca más tengamos que repetir tragedias similares». «Más allá de la sentencia, necesaria, y de lo que eso significa (…) nos parece importante que la administración de justicia diga eso que las otras instituciones del Estado han dicho con timidez y, recientemente, no han querido repetir: que allí donde haya discriminación entrará la autoridad a proteger a los marginados, que los prejuicios no pueden ser el modo normal de nuestras relaciones como sociedad», añade el texto.

Seguiremos la evolución del proceso.