Detenidas una pareja gay y una mujer por llegar a cabo una gestación subrogada en suelo español

Una pareja gay y una mujer fueron detenidos hace pocos días acusados de haber llevado a cabo un proceso de gestación subrogada, ilegal en suelo español. La niña, que se encontraba viviendo ya con la pareja (uno de cuyos miembros es su padre biológico) se encuentra ahora bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. El caso, con sus claroscuros, pone de nuevo de manifiesto lo irregular de la situación española. Por un lado (y no sin que haya habido dificultades en el caso de parejas del mismo sexo) se permite el registro de niños nacidos por este procedimiento en países en los que es legal. De hecho, hace pocos días el Tribunal Supremo reconocía a estos padres el derecho a las prestaciones por maternidad. Por otro, se persigue penalmente la realización del procedimiento en suelo español.

Según la nota de prensa en la que la Guardia Civil hizo públicas las detenciones, a los tres adultos que intervinieron en el proceso (que posteriormente fueron puestos en libertad con cargos) se les considera presuntos autores de un delito contra las relaciones familiares, «al vender la madre a la niña que había alumbrado. Los compradores serían una pareja de Almería, que habrían pagado 10.000 euros a la madre por el bebé después de que fuera sometida a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga para cederles el bebe tras el alumbramiento (vientre de alquiler). La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una mujer vecina de Villamartín (Cádiz), que podría haber recibido la cantidad de 10.000 euros para ceder a su hija recién nacida a una pareja residente en Almería».

Todo apunta a que la pareja, residente en Los Llanos de Vícar (Almería) concertó con la mujer, residente en Villamartín (Cádiz), que esta se sometiese a un proceso de reproducción asistida mediante inseminación con esperma de uno de ellos en una clínica malagueña a cambio de 10.000 euros (finalmente se habría sometido a dos inseminaciones). El acuerdo incluía que una vez naciera la niña, la madre renunciaría a su custodia en favor de su padre. La Guardia Civil comenzó a sospechar cuando llegó a sus oídos la versión que la madre había dado en su pueblo, en el que se conocía su embarazo, tras volver a casa después de dar a luz: que la niña había nacido muerta y que había donado su cuerpo a la ciencia.

A partir de la detención de los tres adultos implicados comenzaron a conocerse detalles personales de los protagonistas de la historia. El diario El Mundo, por ejemplo, publicaba el pasado día 29 un artículo en el que contaba que la pareja gay, que responde a los nombres de Luis y Juanjo, regenta una peluquería en su pueblo, donde son muy conocidos y queridos por sus vecinos, a los que habían hecho creer que la niña fue concebida por gestación subrogada en el extranjero. Pese al engaño, según varios testimonios recogidos por El Mundo sus vecinos apoyan a la pareja y esperan que finalmente les sea entregada la custodia de la niña. La mujer, por su parte, es madre de dos hijos, fruto de dos relaciones anteriores (actualmente tiene otra pareja) y recibe ayuda de Servicios Sociales al encontrarse en situación de precariedad económica. La mujer, según refleja el mismo artículo de El Mundo, ha recibido insultos de sus vecinos después de quedar en libertad con cargos y volver a su domicilio.

Son Nuestros Hijos: «¿A quién le importa la niña?»

Un caso, en definitiva, que vuelve a poner sobre la mesa la situación de la gestación subrogada en España, donde el registro de niños nacidos por este procedimiento en países en los que es legal es una realidad (no sin que haya habido en el pasado importantes dificultades en el caso de parejas del mismo sexo) pero en el que el procedimiento se considera ilegal.

Por lo pronto, la principal damnificada del caso es la menor, que en estos momentos se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Lo denuncia la asociación Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias que han recurrido a la gestación subrogada, en un artículo titulado «¿A quién le importa la niña de Vícar?». Reproducimos un fragmento:

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Porque la prensa también informa que la menor ha sido puesta bajo la protección de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que a diligencia en trasplantar menores no hay quien les gane. “En coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la autoridad judicial, la Junta activó el protocolo habitual para asumir la tutela de la bebé, que se encuentra con una familia en situación de acogimiento”. Familia de acogida de urgencia; figura habitual ante situaciones de desamparo… Pero… ¿qué desamparo existía aquí? Ninguno.

Porque nos consta, según lo publicado, que la Guardia Civil se desplazó hasta la localidad almeriense para verificar mediante vigilancias que la niña se encontraba en buen estado.

La relación de apego se establece entre el recién nacido y la persona o personas que lo cuidan, lo aman y lo protegen. Tras días con sus padres, la menor ha sido separada de ellos y se ha roto ese vínculo de apego por un presunto delito. Presunto. Pero ella ya ha sido sentenciada. Separada de los que conoce. Y entregada a una familia de acogidade urgencia con la que estará unos días, hasta pasar a otra familia más estable y después… ¿a cuántas familias más? Reconozcámoslo. Con la velocidad que caracteriza a la justicia española, pasarán meses, si no años, antes de que exista una sentencia y la pequeña acabe su periplo por casas de acogida o centros públicos. Ha sido arrojada a una vorágine de manos y caras y voces desconocidas. Se la condena a una migración impuesta de brazo en brazo, de hogar en hogar.

No estaba desamparada. No estaba abandonada. No había descuido alguno. La Guardia Civil lo confirmó. Ha dado igual. Nadie ha pensado que dejarla con su familia hasta que se celebre un juicio, y se sepa qué ha pasado de verdad, era lo mejor para ella. Nadie. Porque lo que mandan son moralinas decimonónicas y quedar bien para la prensa.

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Algunos colectivos LGTB condenan la detención

En días pasados también algunos colectivos LGTB han condenado la detención tanto de la mujer como de la pareja gay, así como la decisión de quitarle a esta (al menos por el momento) a la niña. Es el caso, por ejemplo, de Alicante Entiende, para la que «la gestación subrogada es una práctica legal en otros países, pero que en España se sigue criminalizando» o de la Federación Andaluza Arco Iris, que pide «a la Junta de Andalucía y al juzgado de Arcos de la Frontera que devuelvan de inmediato a la bebé a sus padres, la pareja gay de Vícar, Almería». En palabras de la presidenta de Arco Iris Cádiz, Esperanza Moreno, «nos parece inconcebible que, habiendo sido puestos en libertad los padres, la bebé en cambio haya acabado en un centro de menores de la Junta de Andalucía a la espera de que se ocupe de ella otra familia de acogida».

Gonzalo Serrano, presidente de la Federación, se muestra de hecho estupefacto. «Parece que la administración ha olvidado su deber de proteger el bien superior del menor: si los padres tienen los medios económicos para cuidar de la bebé y además la quieren y la tratan bien, no existe ningún motivo racional para alejarla, ingresarla en un centro y tener que buscar una familia de acogida», ha declarado. 

Un debate polémico

La gestación subrogada es una cuestión que despierta gran polémica y posturas muy encontradas. En España, la resistencia a regularla proviene tanto desde sectores conservadores como desde parte del movimiento feminista (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas), que se opone radicalmente a ella por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer.

Hace algunos meses asistíamos a cómo por primera vez el debate llegaba a la Asamblea de Madrid de la mano de Ciudadanos, que propuso que el Gobierno madrileño solicitase al Gobierno de España que regulase esta práctica. Una propuesta que contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP de Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido. La iniciativa fue finalmente rechazada gracias a la rebelión de los tres populares díscolos. Sirvió, al menos, para que se abriera el debate.

Un debate que muchos colectivos LGTB no parecen querer abrir por “incómodo”, aunque otros, como la mencionada Federación Arco Iris, COLEGAS o el colectivo madrileño COGAM están a favor de una regulación. De hecho, COGAM y otras organizaciones se han agrupado en la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación (puedes descargar aquí su manifiesto). COGAM pide, en concreto, una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos. “Tenemos el convencimiento de que el activismo LGTB debe estar presente en este debate ante la más que previsible legalización de esta técnica de reproducción asistida que se producirá antes o después, pero que tenemos el convencimiento de que llegará como está ocurriendo en los países de nuestros entorno”, expresaron desde COGAM en su momento.

La gestación subrogada es legal en países a los que España reconoce su capacidad para determinar la filiación. Países socialmente avanzados, como Canadá, se han llegado a plantear incluso su cobertura por la sanidad pública. Hay países, por otra parte, que han optado por legalizarla siempre que no medie interés económico, como es el caso del Reino Unido, donde por ejemplo una pareja de hombres pudo tener un hijo gracias a que la hermana de uno de ellos se ofreció para gestarlo y dar a luz o un gay soltero pudo ser padre gracias a la generosidad de su propia madre. O de Australia, desde donde este año nos llegó la historia de una mujer que decidió actuar como gestante subrogada del hijo de su hermano gay y de su pareja, ante los problemas que estos encontraban para adoptar.

El ministro de Justicia asegura vagamente que «está en la agenda»

Precisamente a raíz del caso con el que abríamos esta entrada, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hace unos días que la regulación de la gestación subrogada «está en la agenda del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Justicia». La opción por la Catalá dejó traslucir que se decantaba el Gobierno era el de la gestación «altruista», estableciendo límites para evitar que «haya un mercadeo» y que «se convierta en un negocio el encargo de una gestación de una persona». En cualquier caso, Catalá aseguro que este tipo de temas «no son de política de gobierno sino que son de pulsar la opinión pública y la impresión del conjunto de la sociedad española, hay que hacer un trabajo callado, hablar con mucha gente e identificar cuál es la realidad social, no de una minoría».

Palabras estas últimas sobre las minorías que no resultan especialmente tranquilizadoras. Esperemos que no esté en la mente del ministro repetir en España lo que ha sucedido en México o en Portugal, países en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo. En el caso de México, lo que comenzó como una iniciativa que parecía en principio destinada a prohibir esta práctica (que había sido regulada en los estados de Tabasco y Sinaloa, y sobre la que existía un vacío legal en el resto del país) acabó por legalizarla cuando exista una estricta indicación médica. En definitiva y en la práctica, solo para parejas heterosexuales estériles. En el caso de Portugal, la alianza parlamentaria entre socialistas y Bloque de Izquierda, apoyada por alrededor de un tercio de los diputados del Partido Social Demócrata (oposición de centro-derecha, que tuvo libertad de voto) permitió la aprobación del procedimiento para parejas heterosexuales que no pueden concebir hijos, dejando fuera, en la práctica, a las parejas del mismo sexo.