Navarra aprueba, con el único voto contrario del PP, una avanzada ley foral de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI

El Parlamento de Navarra ha aprobado la ley foral de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI. Navarra, comunidad que fue pionera en España al aprobar en 2009 la primera ley autonómica integral de transexualidad, se suma ahora a otras comunidades que han aprobado leyes que combaten activamente la discriminación del colectivo LGTBI. La mala noticia es que en Navarra parecemos asistir a la vuelta del Partido Popular a la senda de la LGTBfobia: tras apoyar leyes similares en Extremadura, Murcia o la Comunidad de Madrid, los de Mariano Rajoy se han opuesto ahora por considerar que el texto es una ley «ideológica».

La Ley Foral de «igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en la Comunidad Foral de Navarra» fue presentada oficialmente por el grupo socialista, y ha sido aprobada con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Partido Socialista de Navarra e Izquierda-Ezkerra. El Partido Popular de Navarra, que cuenta solo con dos escaños en el Parlamento Foral, ha votado en contra, mientras que Unión del Pueblo Navarro, la derecha regionalista (aliada del PP en el ámbito estatal) se ha abstenido.

El texto, que ha sido trabajado y consensuado con los colectivos LGTBI navarros, tiene por objeto garantizar la igualdad y combatir la discriminación de las personas LGTBI  en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia. Incluye, en este sentido, medidas en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, orden público e institucional. El texto apuesta además por la reparación de los derechos cercenados mediante la puesta en marcha de acciones compensatorias y de reconocimiento a un colectivo históricamente segregado, así como por facilitar la participación y representación de las personas y grupos LGTBI en todos los ámbitos de la vida social e institucional.

Entre los compromisos adquiridos a partir de esta norma destaca el relativo a la “protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, así como los que tienen que ver con las diversas políticas públicas, ya sea a nivel de “empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte”.

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.

Se crea un órgano coordinador para la igualdad LGTB

La ley contempla la creación de un órgano coordinador para la igualdad LGTBI, un ente con autonomía, capacidad y recursos suficientes para ejecutar las políticas y medidas recogidas en el texto. Así, por ejemplo, este nuevo órgano colaborará con el servicio público de salud de Navarra en la elaboración de protocolos específicos para la atención de las personas LGTB en el ámbito sanitario en consonancia, entre otras, con la mencionada ley navarra de transexualidad (en concreto, la ley fija un período máximo de 6 meses para implementar los protocolos de atención a personas trans e intersexuales).

En el ámbito reproductivo y genital, por su parte, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI con capacidad gestante y/o a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y/o urológica.

En lo referido a la atención a las víctimas de violencia por LGTBfobia, la ley dispone que la actual sección de Atención a Víctimas del Delito de Navarra adopte las medidas oportunas para formar al personal existente y contar con profesionales especializados en la materia. En el terreno educativo, destaca la creación, en la Universidad Pública de Navarra, de un servicio específico dotado de personal, espacios y recursos económicos suficientes para garantizar en todos los campus y espacios universitarios el respeto a la diversidad de orientación, expresión e identidad sexual o de género.

Finalmente, la ley cuenta con el correspondiente capítulo sancionador, que reconoce infracciones administrativas leves, graves y muy graves. Estas últimas será sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública del Gobierno de Navarra por periodo
de hasta dos años (en caso de reincidencia o reiteración, la prohibición podrá ser por un máximo de cinco años), así como la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos por un periodo de hasta tres años.

UPN se abstiene, el PP vota en contra

Virginia Alemán, portavoz de Geroa Bai, ha puesto en valor una «ley transformadora» que reconoce «derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados», mientras que Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha destacado el «proceso enriquecedor» que junto a los colectivos LGTBI ha generado esta «buena ley». Tere Sáez, de Podemos-Ahal Dugu, ha coincidido en mostrar su «alegría y agradecimiento» por lo finalmente consensuado tras un trabajo intenso  que ha permitido que esta ley «no sea un corta y pega», sino una norma específica que ha tenido en cuenta las aportaciones específicas.

Nuria Medina, del Partido Socialista de Navarra, ha mostrado por su parte su satisfacción por la aprobación de una ley que sitúa a Navarra «a la vanguardia de los derechos». «Nos ponemos a disposición del Gobierno para su desarrollo, pero para ello le pedimos valentía, además de los recursos económicos y humanos», ha añadido. Marisa De Simón (Izquierda-Ezkerra) también se ha felicitado en «un gran día» en el que la ley aprobada avanza en participación y «camina hacia un modelo de desarrollo social más inclusivo».

La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín con el argumento de que «no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos» pero mostrando su oposición a las que considera «discriminaciones» y «vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este». La portavoz del PP, Ana Beltrán, considera que la ley es «ideológica», «discrimina a otros» y no ve necesaria «una regulación específica, concreta e intervencionista”, ya que según ella «la legislación europea y española ya protegen” contra la discriminación.

El PP vuelve a la senda de la LGTBfobia

La negativa del PP a dar su voto a una ley muy similar a la que sí apoyó en la Comunidad de Madrid, en Extremadura o en Murcia ocurre poco más de dos meses después de que los de Mariano Rajoy también se opusieran a la reciente ley valenciana de transexualidad. Después de un ciclo de relativa apertura legislativa hacia los derechos las personas LGTB, al menos a nivel autonómico, el PP parece recuperar la que tradicionalmente ha sido su postura contraria, que alcanzó su punto culminante con el recurso de inconstitucionalidad contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a adoptar hijos conjuntamente.