El Congreso pide al Gobierno español que tome la iniciativa en la ONU en favor de una Convención Internacional de Derechos LGTBI

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a propuesta del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha aprobado de forma casi unánime la propuesta de que España lidere una iniciativa en el marco de Naciones Unidas que dé lugar a una Convención Internacional de Defensa y Protección de los Derechos LGTBI en el mundo. Ojalá que el Gobierno tome nota y las buenas intenciones de los grupos políticos allí representados (incluido el PP) se transformen en hechos.

«Hoy hemos logrado algo inédito en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso: aprobar por 35 votos a favor y una sola abstención (del representante de Unión del Pueblo Navarro) nuestra proposición para adoptar en el marco de Naciones Unidas una Convención Internacional de Derechos LGBTI», se felicitaba el grupo parlamentario de UP-ECP-EM, cuyo portavoz en la Comisión es Pablo Bustinduy, coordinador de la secretaría internacional de Podemos. Ello ha sido posible tras negociar con el resto de grupos la siguiente enmienda transaccional (reproducimos literalmente):

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una «Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género” basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren.
2. Promover que la Unión Europea en sus relaciones exteriores, en particular con los países de nuestra vecindad y con aquellos países que disfrutan de un estatuto privilegiado en su relación con la Unión, adopte un papel mucho más activo e impulse medidas tendentes a hacer que se respete, que se protejan y se hagan efectivos los derechos de las personas LGBTI.
3. Incluir, en coherencia con las prioridades de España en materia de derechos humanos, los derechos de la población LGBTI en sus relaciones bilaterales, en particular con aquellos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
4. Apoyar a las defensoras y defensores de los derechos del colectivo LGBTI frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.
5. Defender y promover el apoyo internacional al nuevo y primer Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
6. Reforzar el mandato del Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho para incidir más en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI.

Los promotores de la iniciativa buscan ahora crear un grupo específico de trabajo y presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que dé los pasos necesarios. «Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno para conseguirlo: queremos que este sea un empeño de Estado, que España dé un paso adelante en la escena internacional y que -liderando los trabajos de esta Convención- nos haga sentir orgullosos de nuestro país, poniéndose a la altura de nuestra sociedad», han expresado.

El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género, recordemos,  es el tailandés Vitit Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, que fue nombrado hace solo unos meses para ese puesto. Un nombramiento que fue recibido con gran satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. Muntarbhorn, de hecho, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los mencionados Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

Una oportunidad de que España recupere protagonismo en materia LGTBI

La aprobación de esta propuesta casi por unanimidad es una muy buena noticia. Falta, sin embargo, que el Gobierno de España recoja el guante y aproveche la oportunidad para devolver a nuestro país a la primera línea en defensa de los derechos LGTBI, una posición que no fue fácil conseguir y que en los últimos años se ha debilitado debido a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y a la parálisis legislativa.

Un protagonismo internacional que España puede lograr, si hay voluntad, pero que debe acompañarse como mínimo de la aprobación del proyecto de ley por la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI promovido desde el activismo y de una actualización de la legislación de identidad de género, que acabe con cualquier rastro de patologización de las identidades trans de las leyes estatales. Iniciativas todas ellas para las que supuestamente hay mayoría suficiente en el Congreso y en las que, con independencia de la actitud que finalmente decida adoptar el PP, partidos favorables a los derechos LGTBI como el PSOE, Podemos o Ciudadanos deberían converger, más allá de las legítimas diferencias que mantienen en otros aspectos.