Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno, HazteOír reaparece para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI

HazteOír vuelve a la carga, y lo hace con energías redobladas después del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, que levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para, según aseguraba hace unos días eldiario.es, congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad «de utilidad pública». Por debajo de toda la paja, en cualquier caso, el objetivo de HazteOír está ya muy claro: ensuciar el debate de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid daba la razón a HazteOír y asumía, de hecho, su argumentario, al considerar que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (no estrá de más recordar, en este punto, que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). La Audiencia, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas”  y subrayaba que «las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado [sic]”.

El auto, de marcado contenido político, aseguraba incluso que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. Es más, como si de una tertulia radiofónica se tratase, se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “Tramabús” de Podemos, un autobús fletado por dicho partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política, al que “ninguna autoridad impidió su circulación [sic]». No nos resultó sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez que actuó como ponente del mismo, Eduardo de Urbano.

La decisión judicial, como era de esperar, dio alas a HazteOír, que casi de inmediato anunciaba la reactivación de su campaña de odio con utilización ya no solo de autobuses, sino del espacio aéreo. Este martes 1 de agosto, de hecho, la organización ultraconservadora ha presentando en público la avioneta con la que pretende surcar a lo largo del verano los cielos con la leyenda «Ley mordaza LGTBI. Van a por tus hijos». 

El objetivo: la ley de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB

Pese al «frikismo» de la propuesta (que ya ha sido objeto de múltiples memes burlescos en redes sociales), no deberíamos perder de vista el objetivo final de HazteOír, que no es otro que contaminar el debate sobre la proposición de ley de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI presentada por la FELGTB, que el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso registró formalmente el pasado mayo y cuya discusión parlamentaria se espera tenga lugar este próximo otoño. Una propuesta a la que determinados sectores de opinión (tanto de derecha como sorprendentemente a izquierda) no han dudado en calificar como «ley mordaza de Podemos» por su capítulo sancionador, pese a que este no difiere demasiado de lo que ya ha sido aprobado en varias comunidades autónomas (en algunas, como es el caso de Madrid, con el voto favorable del propio PP) y a que desde el propio grupo de Unidos Podemos se insistió en que el texto no estaba cerrado y que los artículos menos garantistas se retirarían.

Más allá de lo estúpida que pueda parecer la iniciativa de HazteOír, la previsible machaconería de su mensaje principal, que ya no es la transfobia pura y dura, sino el asociar los avances legislativos en materia LGTBI con el «maléfico» Podemos, puede tener más éxito del que esperamos. No tanto a la hora de impedir la aprobación final de la ley como de recortarla y hacerla meramente cosmética. Confiemos en que los partidos de la oposición que no son Podemos no caigan en la trampa dialéctica y su deseo de distanciarse de la formación morada no les haga en realidad distanciarse del proyecto que en realidad ha presentado la FELGTB, sino que todos ellos trabajen juntos por mejorarlo.

El Gobierno, cómplice por omisión

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es la complicidad del Gobierno de Mariano Rajoy, y en concreto de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con los ultraconservadores, a los que pese al llamamiento de instituciones como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o del propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP) se resiste a retirar la consideración de entidad de utilidad pública, pese a haber asegurado en su momento que lo valoraría.

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Gobierno de Rajoy, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador.  ¿Cómo es posible que entonces siga considerando a día de hoy a HazteOír de utilidad pública, lo que le permite aprovecharse de considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar actividades como la puesta en marcha de la «avioneta del odio»?