Cancelado el Orgullo LGTB de Uganda tras amenazar el Gobierno con detenciones masivas
El Orgullo LGTB, cuya celebración estaba prevista esta semana, ha sido definitivamente cancelado por sus organizadores tras las amenazas del ministro ugandés de Ética e Integridad, Simon Lokodo. Unas amenazas que unidas al antecedente del año pasado, cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas, han llevado a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.
La cancelación del Orgullo ugandés, compuesto por una serie de actos que iban a tener lugar desde el miércoles 16 de agosto hasta hoy, sábado 19, cuando debía tener lugar el evento principal, ha sido anunciada «con gran tristeza» a través de un comunicado de prensa por sus organizadores. En el comunicado, los activistas LGTB explican que tras lo sucedido el año pasado la celebración suponía un enorme desafío que en principio estaban dispuestos a acometer, pero que las amenazas de Lokodo de intensificar la persecución y las advertencias de la policía ugandesa, que el día de la gala de apertura se personó en el lugar e impidió su celebración, les han hecho cambiar de opinión. «Tristemente, el coraje y la determinación que llevamos en nuestros corazones no son suficientes como para poner en peligro tantas vidas inocentes», explican.
El ministro ugandés de Ética e Integridad, que por cierto es un antiguo sacerdote católico que hace once años dejó el sacerdocio por la política (se graduó en Arte y en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma) no solo ha advertido que habría detenciones masivas, sino que ha llegado a amenazar físicamente a la activista Kasha Nabagesera si se la volvía a encontrar frente a frente. Así lo asegura el comunicado de prensa de los organizadores del Orgullo (sin nombrar expresamente a la conocida activista) y así lo ha confirmado la propia Nabagesera en una entrevista a Le Monde, en la que explica que ella y el ministro mantuvieron una conversación de más de 15 minutos el pasado lunes, tras la cual quedó claro que las amenazas de Lokodo iban muy en serio. «Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero ante todo tenemos que pensar en la seguridad de la comunidad», declaraba Nabagesera al diario francés. El argumento del Gobierno ugandés para prohibir los actos del Orgullo, según asegura el comunicado y confirma Kasha Nabagesera, es que el Orgullo LGTB tiene como finalidad «reclutar» nuevos miembros para el colectivo.
«No estamos cancelando el Orgullo por vuesta homofobia [en referencia a las autoridades ugandesas] y falta de respeto a nuestros derechos, esta es una decisión que tomamos para protegernos. ¿Cómo lucharemos contra vuestra opresión si nos matáis o si nos metéis en la cárcel?», explican sus organizadores en el comunicado. «Debe quedar claro para todos nuestros socios clave y para el resto del mundo que la lucha por la igualdad en Uganda está lejos de haber terminado. De hecho, acaba de empezar, y no pararemos hasta que las minorías sexuales y de género vean reconocidos sus derechos como seres humanos», añaden.
Uganda: una pesadilla continua
La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.
Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.
Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.
Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.