Chile gana un Óscar reivindicando la dignidad trans… pero su Congreso lleva cinco años demorando la aprobación de una ley de identidad de género

Una mujer fantástica ha ganado el Óscar a la Mejor película en lengua no inglesa. Es la primera vez que una película chilena lo logra. Su protagonista, Daniela Vega, ocupa las portadas de los periódicos de su país. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, se felicita en Twitter. Lo mismo hace el presidente entrante, Sebastián Piñera. La municipalidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile, quiere nombrar a Vega hija ilustre. Sin embargo, la actriz que pasea el nombre de Chile por todo el mundo se ve obligada a viajar con pasaporte masculino. Hace casi cinco años que comenzó en el Congreso de Chile la tramitación de una ley de identidad de género, y en todo un lustro los políticos chilenos han sido incapaces de aprobarla. Pocas veces como tras el Óscar a Una mujer fantástica queda al descubierto la hipocresía de la clase política (o al menos de una parte importante de ella) cuando de derechos LGTB se trata. 

La legislación sobre identidad de género comenzó a tramitarse en Chile en mayo de 2013. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que por fin, en junio de 2017, nos hiciéramos eco de la aprobación del proyecto por el Senado chileno. Lo hacíamos, eso sí, en tono agridulce: el proyecto suponía pocas mejoras sobre la situación actual, al mantener la tutela judicial y la patologización de la transexualidad (exigía informes médicos con carácter obligatorio) y al excluir a menores y a personas casadas.

Por fortuna, tras la presión y denuncia de los colectivos, el proyecto resultó sensiblemente mejorado a su paso por la Cámara de Diputados: los mayores de 18 años, según esta nueva versión, podrán cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo en el Registro Civil sin necesidad de ningún tipo de certificado médico o psicológico (aunque en el caso de personas casadas el trámite deberá realizarse en tribunales de familia).

El proyecto, tal y como fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, posibilitaba también que los menores de 18 años pudiesen solicitar su cambio de nombre y sexo legal, aunque en este caso la decisión sí debía recibir el visto bueno de los tribunales de familia y el menor se veía obligado a contar con el consentimiento de sus padres, madres o tutores legales, además de aportar certificados o testimonios que acreditasen la identidad de género. En cualquier caso, ello suponía una sensible mejora sobre el proyecto que fue aprobado por el Senado, que negaba a los menores cualquier posibilidad de ver legalmente reconocida su identidad. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar artículo a artículo la ley, de nuevo los políticos chilenos fallaron a sus conciudadanos LGTB. Por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, también fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores de 18 años para rectificar su partida de nacimiento. Niños, niñas y adolescentes trans quedaban así atrapados en un «limbo legal» de díficil solución… a no ser que se corrija el proyecto. «Tal ambigüedad, que vuelve agridulce la jornada de hoy, deberá resolverla una Comisión Mixta», expresaba en su momento el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

En estos momentos, y como muy pedagógicamente muestra en la siguiente infografía la Fundación Iguales (otro colectivo LGTB chileno), el texto debe ser examinado de nuevo por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y pasar después a una fase de conciliación entre las dos cámaras:

Este es el status actual del proyecto de ley de identidad de género. Seguimos trabajando y empujando por los derechos de la diversidad. https://t.co/JezrMA9XyP pic.twitter.com/8LfpHWTcmN

— Fundación Iguales (@IgualesChile) 1 de marzo de 2018

Un proceso que podría mejorar el proyecto o quizá suponer retrocesos sobre lo aprobado. Con la dificultad añadida de que en muy pocos días (el 11 de marzo) un nuevo y muy fragmentado Congreso, resultante de las elecciones del pasado noviembre, comienza su andadura. Ese día también se producirá el relevo presidencial, de forma que el conservador Sebastián Piñera asumirá de forma efectiva la presidencia del país.

“Chile ha hecho historia con un guión que expone lo peor y mejor de nuestro país. Sin ir más lejos, Daniela Vega está representando a todo un país ante el mundo con un pasaporte que no respeta su nombre, ni su género. Representa a un país cuyas leyes violentan sus derechos humanos más básicos”, expresaba este mismo lunes el MOVILH. «La felicidad de gobernantes y legisladores por el triunfo de Una mujer fantástica exige como mínima coherencia dar discusión inmediata a la ley de identidad de género, protegiendo derechos de personas trans desde su niñez y sin letras chicas. Una ley que no incorpore a niños y niñas es lapidar la infancia de las personas trans. Eso el Estado de Chile no lo puede seguir tolerando”., ha añadido su portavoz, Rolando Jiménez.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en enero de este mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos daba a conocer una contundente opinión consultiva en la que entre otras cosas se considera que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. La Corte Interamericana, además, especifica cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos. Entre ellas, no deben incluir la exigencia de certificaciones médicas o psicológicas patologizantes ni requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales.

Teniendo en cuenta que Chile es uno de los países que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo lógico sería que la ley de identidad de género sea aprobada ya respetando dichas premisas. Veremos sí es así.