La Corte Suprema de la India obliga al Gobierno a pronunciarse sobre la criminalización de las relaciones homosexuales

La Corte Suprema de la India ha enviado un requerimiento al Gobierno federal en el marco de las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley que criminaliza las relaciones homosexuales. El alto tribunal exige al Ejecutivo que clarifique su postura sobre este asunto, que hasta ahora había intentado sortear. Cuando conozca la opinión del Gobierno, la Corte Suprema emitirá un fallo definitivo, que revertirá o confirmará su propia sentencia de 2013. Fue en aquel año cuando anuló la declaración de inconstitucionalidad que había emitido antes otro tribunal, reinstaurando así la persecución legal de las personas LGTB que dura hasta ahora.

El 11 de diciembre de 2013 la Corte Suprema de la India dictaminaba en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi como consecuencia de una demanda planteada por Naz Foundation India. Aquella decisión de 2009, que había sido considerada en su momento histórica, anulaba la vigencia de la sección 377, heredada de la época colonial, y que declaraba ilegal cualquier acto considerado «contra natura». La Corte Suprema, sin embargo, consideró que el Alto Tribunal de Delhi se había extralimitado en sus funciones, al decidir sobre una cuestión que correspondía al poder legislativo.

La decisión de la Corte Suprema causó, de hecho, una profunda sorpresa. El fallo de 2009 del Alto Tribunal de Delhi, que consideraba que penalizar actos sexuales consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india, se creía difícilmente reversible, pese a haber sido recurrido y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. El propio Gobierno indio de aquel momento pidió días después a la Corte Suprema que reconsiderara su sorprendente decisión. No lo hizo.

Las relaciones homosexuales volvieron así a estar castigadas con penas de hasta diez años de prisión. Y aunque es cierto que las penas más duras apenas se aplicaban ya y que la aceptación social de la homosexualidad ha ganado posiciones en los últimos años (de hecho se celebran orgullos reivindicativos en diversas ciudades), la ley india sigue pesando sobre una losa sobre la población LGTB de ese país. No está de más recordar, por ejemplo, que en 2014 hubo más de 600 detenidos, cifra que como mínimo se duplicó al año siguiente.

Durante todo este tiempo, no han dejado de sucederse las peticiones a la Corte Suprema para que reconsiderase la decisión, pero no fue hasta enero de este año cuando por fin el más alto tribunal del país accedió a revisarla, en respuesta a una petición de amparo formulada por cinco destacados miembros de la comunidad LGTB india. Los peticionarios argumentaron que la vigencia de la sección 377 les hace vivir en un estado de temor continuo. Un primer panel de tres jueces de la Corte Suprema les dio la razón, admitiendo la primacía del carácter consensual de las relaciones entre personas del mismo sexo sobre su supuesta naturaleza «contra natura».

Pero antes de emitir una sentencia definitiva, el alto tribunal quiere recabar también la posición del Gobierno, que hasta ahora ha intentado esquivar la cuestión. Después de que este martes se registraran seis nuevas peticiones por la derogación de la sección 377, los jueces han decidido darle de plazo a la Administración federal hasta el mes de julio para que clarifique su postura. Los activistas creen que, en la práctica, la Corte Suprema le traslada la decisión al poder ejecutivo y califican el movimiento de «punto de inflexión». «El Gobierno tendrá que decidir si esta ley colonial debería seguir en pie en un país que tiene su propia Constitución que protege los derechos fundamentales de sus ciudadanos», ha declarado Ashok Row Kavi, de la organización LGTB The Humsafar Trust y uno de los peticionarios.

Conviene precisar que por el momento la sección 377 sigue vigente: la Corte Suprema se ha limitado a aceptar una reconsideración de la decisión que tomó hace cuatro años. Es cierto que la argumentación de los tres jueces que inicialmente han valorado la cuestión resulta favorable a los peticionarios, pero habrá que esperar a conocer la posición del Gobierno y su influencia en la decisión final ampliada. Los activistas LGTB prefieren mantener la cautela.

El respeto a la intimidad, un aspecto que también juega a favor de los activistas

Se da la circunstancia de que en agosto del año pasado la Corte Suprema de la India emitió una resolución sobre el derecho a la intimidad que también favorecería la legalización de las relaciones homosexuales. El alto tribunal determinó entonces que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus «componentes esenciales». En el texto del dictamen se explicitaba que «la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil» y se reconocía «la dignidad de la vida privada de las personas LGTB».

Aquel dictamen fue elaborado por un panel de nueve jueces y claramente comprometía la continuidad de la sección 377 tal y como se conoce hasta el momento. Si la Corte Suprema mantiene ahora el mismo criterio, por fin podremos decir que las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en el segundo país más poblado de la Tierra.