La comunidad LGTB en 2118: La sociedad igualitaria del futuro se construye en el presente

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ya tiene fecha para instalar la primera cápsula del tiempo igualitaria del mundo como un «proyecto de rescate histórico» de la realidad actual de la comunidad LGTBI. Dosmanzanas ha querido responder a la amable invitación a sumarnos a la cápsula del tiempo con un mensaje propio para el futuro. Nuestro principal deseo para 2118 es que en todo el mundo impere el respeto, la igualdad y la protección legal de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. También deseamos que la pandemia del VIH/sida, que durante los 80 y los primeros 90 del siglo XX se llevó a tantos de los nuestros, sea para entonces solo un mal sueño del pasado.

Con los fines de resaltar de manera permanente que los «derechos LGBTI son también derechos humanos» y de rescatar la memoria de la lucha por la igualdad,  el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual  instalará este lunes 10 de diciembre el Primer Monumento sobre la Diversidad Sexual de Genero en el Cerro Santa Lucía, icono histórico del país. Se trata de una placa conmemorativa y de una cápsula del tiempo que estará enterrada por 100 años en las faldas del Cerro de Santa Lucía que dan a la Alameda, a pasos de la calle Victoria Subercaseaux y frente a la Universidad Católica de Chile. El monumento será instalado en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la cápsula de acero irán libros, audios, videos, informes, afiches, cartillas, campañas y  archivos de prensa sobre los 27 años de lucha del movimiento LGBTI en nuestro país, así como mensajes para el Chile del 2118 escritos por diversas personas, en especial por jóvenes de la diversidad. La inauguración del Primer Monumento LGBTI incluye una instalación performática: las  faldas del Cerro Santa Lucía serán vestidas con los 8 colores originales de la bandera LGBTI. Cada color relatará los hitos más relevantes para las personas LGBTI de Chile. Los hitos  serán recreados por actores y actrices. El MOVILH tardó casi tres años en obtener los permisos y en cumplir con las exigencias técnicas de las autoridades para instalar el monumento, un hecho histórico para la memoria LGBTI de Chile y América Latina.

Tras la despenalización de la homosexualidad en la India más de mil trescientos millones de personas (casi el 18 % de la población mundial) forman ahora parte de las naciones donde las relaciones entre personas del mismo sexo no están castigadas. Se da la circunstancia de que en agosto de 2017 la Corte Suprema de la India emitió una resolución sobre el derecho a la intimidad que facilitaba la legalización de las relaciones homosexuales. El alto tribunal determinó entonces que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus «componentes esenciales». En el texto del dictamen se explicitaba que «la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil» y se reconocía «la dignidad de la vida privada de las personas LGTB». Aquel dictamen fue elaborado por un panel de nueve jueces y claramente comprometía la continuidad de la sección 377 tal y como se conoce hasta el momento.

Más sutil (aunque no por ello carente de crueldad, odio y discriminación) es la persecución basada en la supuesta violación de la «moralidad» o en la «propaganda» de relaciones «no tradicionales», vigente en 19 países. Uno de los casos más paradigmáticos en este sentido y que en 2017 tuvo una gran repercusión mundial es el de Chechenia, una república semiautónoma de la Federación de Rusia. Se trata de un escándalo de violación de los derechos humanos destapado a principios de abril de 2017 por el diario ruso Novaya Gazeta y que, pese a las negativas tanto de las autoridades chechenas como de las rusas y de los esfuerzos de los defensores de Vladimir Putin por presentarlo como una campaña de intoxicación, informes posteriores de organizaciones de derechos humanos confirmaban. La cuestión llegaba a tal punto que el presidente de Chechenia aseguraba que perdonaría los «crímenes de honor» contra homosexuales cometidos por sus propias familias.

Aunque hay constancia de que estos actos contrarios al derecho internacional, que tienen como objetivo principalmente a hombres homosexuales (sin descartar otras víctimas LGTB), se remontan como mínimo a 2009, no se descarta que tengan todavía más recorrido histórico. Asimismo, la situación en el resto de Rusia es poco alentadora; un país donde quienes defienden sus derechos humanos más elementales son continuamente perseguidos por las autoridades. Bien sea por el mero hecho de enarbolar una bandera arcoíris o por reivindicar la celebración del Orgullo son detenidos, sancionados o incluso encarcelados. Por no mencionar la violencia extrema que las personas LGTB soportan por parte de grupos de odio como Occupy Pedofilyaj, tímidamente perseguidos por las autoridades.

Otro de los países con una situación muy preocupante en nuestros días es Turquía. Su deriva autocrática se está volviendo incompatible con los derechos humanos, en general, y con los de la comunidad LGTB, en particular. Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Hasta el momento, ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denuncia la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber, por mencionar algunos. Solo en 2016, se le han imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En abril de 2017, Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB turco.

Entretanto, más de 1000 activistas desafiaban este 2018 la prohibición del Orgullo LGTB de Estambul y la policía les lanzaba gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos como ocurría un año antes. Las administraciones del país, controlado con mano férrea por el presidente Erdoğan, no permiten la celebración del Orgullo desde 2014. Las ediciones de 2015 y 2016, igual como la de este año, han sido reprimidas por las “fuerzas del orden público” con violencia.

No podemos dejar de mencionar, como otro foco de especial preocupación, la situación en Brasil tras la victoria en las recientes elecciones presidenciales de un candidato abiertamente LGTBfobo, Jair Bolsonaro. Un país, no lo olvidemos, en el que como mínimo se registraron 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017 (387 asesinatos y 58 suicidios). En el mejor de los casos, habrá una involución en su visibilidad social. Lo más probable es que a ello se le sumen los intentos del poderoso movimiento evangélico, aliado de Bolsonaro, para restringir sus derechos civiles. Todo ello en un clima de profunda hostilidad social por una parte significativa de la población, alimentada por un político que para ganar no ha dudado en convertir al colectivo LGTB en uno de sus chivos expiatorios, y que puede ir a más si la situación socioeconómica se complica.

Todo ello sin olvidar la carrera en contra de los derechos LGTB, y muy singularmente de las personas trans, emprendida en Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Un empeño especialmente peligroso en un momento en el que Trump y los republicanos han conseguido consolidar una cómoda mayoría conservadora en el Tribunal Supremo tras la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. Una mayoría que puede extenderse por lustros y modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB.

El matrimonio igualitario en el mundo

Con la reciente incorporación de Alemania y Malta, son ya casi una veintena los países europeos en los que existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley): Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017) y Malta (2017). En Austria el matrimonio igualitario entrará en vigor en 2019.

Fuera de Europa, cabe añadir los siguientes: Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016) y Australia (2017).

A principios de junio de 2018 recogíamos la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio». Gracias a ello, la australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo han abierto un importante camino en la conquista de derechos LGTB en Bulgaria. El Tribunal Administrativo de Sofía les ha reconocido como matrimonio, siendo la primera pareja del mismo sexo residente en este país balcánico que lo consigue.

No menos importante fue la opinión hecha pública en enero pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. La opinión, emitida en respuesta al requerimiento de Costa Rica, no marcaba plazos de obligado cumplimiento, pero sí suponía una hoja de ruta definida que no permite, además, soluciones parciales «intermedias». Un pronunciamiento que ha llevado a la Sala Suprema de la Corte Constitucional de Costa Rica a marcar un plazo de 18 meses para que en este país puedan celebrarse bodas entre personas del mismo sexo. Un plazo que vence en mayo de 2020.

El reconocimiento de la identidad de género

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace relativamente poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica lo hizo en 2017). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba en 2017 a Francia por haber obligado a hacerlo (este país, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, de la mencionada Noruega, de Malta (cuya legislación, que despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores, se constituyó en un referente para la comunidad internacional) o de Dinamarca, Grecia, Irlanda o Portugal en Europa.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley de 2012 fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Aunque este 2018 no podemos dejar de mencionar el caso de Uruguay, cuyo parlamento acaba de aprobar una ley integral para personas trans que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad jurídica de las personas LGTBI.

Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. En España, mientras tanto, seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso y actualice la legislación, que a día de hoy sigue exigiendo un diagnóstico para proceder a la modificación registral del sexo y que no contempla la realidad de los menores trans.

En otro orden de cosas, cada vez son más los países y territorios que reconocen la posibilidad legal de inscribir una opción de género que no sea ni la masculina ni la femenina en los documentos oficiales. Iniciativas pioneras fueron las Australia en 2011 o Canadá en 2017 en relación a los pasaportes. También Malta ha introducido esta posibilidad. Además ha habido ya importantes sentencias en ese sentido en Alemania, Austria y Holanda. El Gobierno alemán, de hecho, introdujo recientemente un proyecto de ley para añadir «diverso» como nueva categoría de género legal. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género ha sido también regulada de diferentes formas en países como la India o Nepal. Y en Estados Unidos la ciudad de Nueva York aprobaba hace pocas semanas una ley para reconocer la identidad de género de las personas intersexuales y no binarias, que a partir de enero de 2019 podrán modificar el registro del género en sus partidas de nacimiento.

El avance de los derechos en Chile

Hablar de la realidad LGTB en Chile y del activismo que día a día lleva a la calle, a las instituciones y a la justicia su lucha es hablar del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), el 64% de la ciudadanía de Chile es favorable a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, a principios de 2017. En cambio, los partidarios de la adopción por familias homoparentales se sitúan en el 45%. Desde el MOVILH, en todo caso, señalan que «en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por encuestas sino por convicciones».

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país. De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB.

El acuerdo implicaba que Chile pondría en marcha los mecanismos para poder aprobar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género, un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como «ley Zamudio») y medidas en el ámbito educativo.

Sin embargo, el Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.

Por fortuna, hace pocas semanas sí que se conseguía, tras más de cinco años después de que se presentará el primer proyecto, que el Congreso de Chile aprobase una avanzada ley de identidad de género. Todo un logro de los colectivos LGTB y trans chilenos, que durante años han luchado contra la resistencia de una parte importante de la clase política y de los sectores sociales y religiosos más conservadores, fuertemente influyentes en el país sudamericano.

Frenar la pandemia del VIH y combatir la serofobia

El objetivo de ONUSIDA para 2020 es que el 90% de las personas con VIH hayan sido diagnosticadas, que al menos el 90% de las que han sido diagnosticadas se encuentren bajo tratamiento y que al menos el 90% de ellas tengan una carga viral indetectable.

Objetivos que si existiese voluntad política real son perfectamente alcanzables en pocos años. En 2118, el VIH/sida debería ser ya solo un mal recuerdo, gracias a medidas de información y prevención (entre ellas, la profilaxis preexposición en los grupos que se pueden beneficiar de ella) y quizá al tan deseado descubrimiento de una vacuna terapéutica que haga innecesario el tratamiento farmacológico. Otro mal recuerdo del pasado debería ser también la discriminación de la que han sido objeto las personas que viven con VIH, una realidad aún hoy en países como la propia España en el acceso a los seguros de salud o a ciertos empleos públicos (aunque el Gobierno español acaba de anunciar el fin de esta discriminación).