Interior retira a la organización de odio HazteOír el estatus de utilidad pública que le concedió en 2013 el gobierno del PP

El Ministerio del Interior ha revocado la declaración de utilidad pública a la organización ultraconservadora HazteOír, promotora de diversas campañas de odio contra la población LGTB en España y en otros países (donde actúa bajo la marca CitizenGo). El expediente anunciado el pasado agosto por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha culminado con la retirada del estatus por el que socios y donantes de HazteOír se beneficiaban de ventajas fiscales, y que le fue concedido en el año 2013 por el entonces ministro Jorge Fernández Díaz.

Según adelantó la cadena SER, El Ministerio del Interior considera, en una resolución de doce páginas, que es incompatible con la utilidad pública «la promoción de las propias ideas de forma extralimitada en que hizo HazteOír, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestras sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual». En referencia a su campaña contra los menores trans y sus familias (el conocido «autobús del odio»), el Ministerio afirma que HazteOír ha incumplido la ley reguladora del derecho de asociación, que exige a las entidades de utilidad pública contribuir con sus actuaciones a promover el interés general, al haber realizado «una polémica campaña que ha tenido una amplia difusión y que, aun estando amparada por la libertad ideológica y de expresión o difusión de las propias ideas, supone una falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad, incompatible con la necesaria promoción del interés general, incurriendo, en consecuencia, en causa de revocación de la declaración de utilidad pública».

El Ministerio ampara la revocación con dos informes, uno de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, según el cual las actividades de HazteOír «no parecen alinearse con la promoción de los valores constitucionales, antes bien, podrían situarse en un plano de enfrentamiento con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación», y otro de la Dirección General de Familia e Infancia, según el cual no cabe considerar que HazteOír defienda el interés general en el ámbito social.

No está de más recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez, al tomar esta decisión, sigue el llamamiento de instituciones que ya habían solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP).

¿Qué es ser de utilidad pública?

Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que obviamente no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB mediante agresivas campañas tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias es el ejemplo más conocido, pero no el único) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales. Y en Canadá, como informamos hace pocos días, hace campaña contra la decisión del gobierno de ese país de conmemorar con una moneda el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad.

Tampoco está de más recordar que HazteOír ha presumido en público de no respetar las leyes que protegen al colectivo LGTB. Hace un año, por ejemplo, celebró un evento LGTBfobo en Madrid del que la propia organización presumió en días previos que «incumpliría todas las leyes LGTBI en vigor en España».

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.