Punto final a otra legislatura estéril: los partidos españoles, más allá del postureo, han dejado de considerar los derechos LGTBI una prioridad en sus agendas

Malas noticias para los derechos de la comunidad LGTBI en España. La convocatoria de elecciones generales anticipadas supone que normas tan importantes como la ley de igualdad LGTBI o la actualización de la ley de identidad de género no serán ya aprobadas. Lo incierto de la situación política, que podría incluso derivar tras las elecciones en un gobierno conservador condicionado por el apoyo de la extrema derecha, hace temer que el bloqueo se extienda por otros cuatro años. Lo sucedido muestra hasta qué punto los partidos políticos españoles, más allá del tradicional postureo en fechas como el 17 de mayo o el 28 de junio, han dejado de considerar el avance de los derechos LGTBI una prioridad en sus agendas. 

Lo ha denunciado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). Para la principal organización LGTBI española, la paralización de la tramitación de leyes como la de igualdad LGTBI, la de igualdad de trato y no discriminación, la ley orgánica para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la tan necesaria actualización de la ley 3/2007, que garantizaría la despatologización de las identidades trans, supone un fracaso sin paliativos. «Somos la ciudadanía la que volvemos a pagar las consecuencias de tener una clase política ineficaz, incapaz de solventar situaciones de bloqueo en comisiones como la de Igualdad que han impedido la proliferación de leyes fundamentalmente pedagógicas y preventivas. Volvemos, además, a ser víctimas de políticos que priorizan otro tipo de intereses distintos a los de la sociedad y el bien común a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado», ha declarado su presidenta, Uge Sangil.

«Mientras ustedes están inmersos en defender sus propios intereses, muchas víctimas de acoso escolar LGTBIfóbico siguen planteándose el suicidio, muchas personas trans siguen siendo agredidas por la calle por el mero hecho de ser quienes son, las personas no binarias siguen sin ver reconocidas sus identidades y muchas mujeres LGTBI siguen siendo doblemente discriminadas en entornos laborales por su orientación sexual e identidad de género», continuaba Sangil. «Nuestro marco legal, que en su día fue pionero al recoger el matrimonio igualitario, se está quedando atrás en materia de reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. La sociedad avanza, pero nuestra clase política impide que la demanda social vaya acompañada del respaldo legislativo que necesita», añadía la presidenta de la FELGTB.

Desde dosmanzanas, consideramos especialmente dramático la paralización de dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. Dos años han pasado. Tiempo más que suficiente para haber procedido a su tramitación y aprobación. No ha sido así.

¿Responsables? En primer lugar, y no nos cabe duda a la hora de señalarlos, PP y Ciudadanos, los dos partidos que han controlado durante esta legislatura la Mesa del Congreso y que han dispuesto, por tanto, de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo (un reparto para el que curiosamente ambos partidos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas). Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo legislativo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria.

Pero el fracaso tiene más responsables, por acción y por omisión. Una vez iniciada la discusión de la ley de igualdad LGTBI, por ejemplo, no podemos dejar de señalar cómo el PSOE ha actuado como freno en la Comisión de Igualdad al avance de la ley de igualdad LGTBI tal y como fue concebida por el activismo. El pasado 28 de enero, la propia FELGTB denunciaba en una nota de prensa la eliminación de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces Uge Sangil.

Más dura fue la Plataforma por los Derechos Trans Nadie Sin Identidad, que llegó a pedir de forma expresa al PSOE la sustitución de su portavoz en la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, por sus reticencias al principio de autodeterminación de género. «Cuando hablamos de identidad sentida, tiene que tener algunos elementos que estén vinculados a la permanencia registral, y no hemos llegado aún a eso, pero tendremos que ver que solución le damos. La cuestión es que sin tener posición le tenemos que dar cierta permanencia registral a esos cambios, no podemos estar cambiando cada 5 minutos la identidad», había llegado a afirmar la diputada socialista en una entrevista a Soy de LGTB (lamentable frase con la que Ángeles Álvarez se alineaba con lo peor de los prejuicios tránsfobos). Una entrevista, por cierto, en la que la portavoz socialista dejaba entrever su escaso aprecio por el texto propuesto por la FELGTB. «El grupo parlamentario socialista ha presentado 100 enmiendas al texto, ¿Son muchas? Pues depende del número de artículos que tenga la ley (…) Hay muchos artículos que están repetidos», aseguraba. No es un secreto, en cualquier caso, que el PSOE nunca se ha mostrado cómodo con una proposición de ley que no ha sentido como suya y que apenas ha defendido frente a los ataques que sufrió desde un principio.

Sea como sea, ambas propuestas son ya historia. En España, a diferencia de lo que sucede en otros regímenes parlamentarios, el final de una legislatura implica la muerte de las iniciativas legislativas en curso, que deben iniciar desde cero su andadura. La decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones tras el rechazo de PP, Ciudadanos y nacionalistas catalanes a la ley de presupuestos devuelve a España, a nivel de legislación estatal, al mismo punto que estaba en 2011, cuando la decisión del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dio al traste con la ley de igualdad de trato, una norma que nunca se aprobó. Aquel adelante electoral supuso la victoria por mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y el inicio de un periodo de sequía legislativa en materia LGTBI que se prolonga hasta la actualidad. Si lo hace otros cuatro años más dependerá de la voluntad de los electores, que a fecha de hoy, según las encuestas, parecen dispuestos a otorgar a la extrema derecha de Vox el papel de árbitro de la situación política. Una formación que desde las pasadas elecciones andaluzas ha pasado a convertirse en el eje en torno al cual gira el debate político y mediático español.

Veremos qué sucede finalmente.