La justicia tunecina confirma que la asociación LGTB Shams se ajusta a la legalidad y puede continuar con sus actividades

El Tribunal de Apelaciones de Túnez ha fallado a favor de la plena legalidad de la asociación LGTB Shams. Rechaza así el recurso del Gobierno tunecino contra la sentencia de un tribunal inferior, que en 2016 ya dio su visto bueno al desarrollo de sus actividades como organización no gubernamental. De esta manera, Shams puede continuar con su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

En 2015, el Gobierno tunecino interpuso una demanda contra Shams en virtud del artículo 45 de la Ley 88/2011, que regula las organizaciones no gubernamentales, el cual permite al Ejecutivo solicitar la suspensión de actividades de una ONG si demuestra que infringe las disposiciones legales. Según la Administración, defender la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que criminaliza la homosexualidad, iría en contra del respeto al Estado de Derecho.

Si la Administración hubiera conseguido su objetivo, Shams se habría enfrentado a su completa disolución. Al admitir la demanda, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en enero de 2016, por la que suspendía cautelarmente durante un período de 30 días las actividades de Shams. Tras la vista en la que la asociación presentó sus alegaciones, el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Shams, y dictaminó que, al cumplir con todos los requerimientos legales, la asociación podía continuar con su actividad.

El Gobierno tunecino no se dio por vencido y recurrió la sentencia el pasado mes de febrero, justificando su decisión en que la organización LGTB atenta contra los «valores islámicos de la sociedad tunecina, que rechaza la homosexualidad». El Tribunal de Apelaciones del país rechazó el recurso el pasado lunes y ratificó la plena legalidad de las actividades de Shams. Su director Mounir Baâtour se felicitó por el fallo, que le permitirá continuar luchando contra el artículo 230 y por la comunidad LGTB de Túnez. También se ha pronunciado favorablemente Mohamed Fadhel Mahfoudh, delegado del Gobierno para las organizaciones pro derechos humanos, que ha destacado que la sentencia demuestra que Túnez «respeta el Estado de derecho y su judicatura es independiente del poder del Gobierno».

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería». Además, los defensores de los derechos LGTB sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En febrero de este año, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.