La extrema derecha comienza a imponer su agenda en Murcia: los alumnos deberán contar con permiso expreso de los padres para asistir a charlas contra la LGTBIfobia

Más allá de los exabruptos, las salidas de tono y las declaraciones en medios y redes sociales, la extrema derecha comienza a imponer su agenda de odio en aquellos territorios en los que sus acuerdos con PP y Ciudadanos fuerzan a estos a asumir sus postulados. La primera parada, Murcia, donde la Consejería de Educación acaba de advertir a los colegios de la región que los alumnos deberán contar con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. 

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril del año pasado, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. «Es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del autodenominado «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello).  La medida, sin embargo, no se llegó a implementar formalmente.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se produjo un vuelco: el PSOE pasó a ser el partido más votado, pero el PP consiguió acordar con Ciudadanos y Vox mantenerse en el poder. La mayoría parlamentaria de los tres partidos dio el gobierno a una coalición de PP con Ciudadanos, partido que prefirió esta opción a la de conformar una mayoría alternativa con el PSOE. Un acuerdo que, al igual que sucedió en la Comunidad de Madrid, se hizo de forma teatralizada y después de que la extrema derecha amagara con no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se derogaba la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI. Finalmente Vox obtuvo el compromiso del PP de que atendería sus demandas, pese a que no se produjese una derogación formal de la ley. Bastaba con convertirla en papel mojado…

Este 29 de agosto la maniobra se ha, por fin, materializado. En una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación, al frente de la cual se sitúa ahora María Esperanza Moreno, se ordena que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria deben ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos deben dar su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta, después de la exigencia de Vox, que el objeto de la orden no es otra que desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

La decisión del Gobierno murciano ha encontrado rápida respuesta en el diputado socialista en la Asamblea regional Emilio Ivars, que en un hilo de Twitter ha destacado que la resolución contraviene el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. «No nos quedaremos quietos», ha advertido el diputado socialista:

Hola @RmEsperanza Creo que ayer tu Secretaria General metió la pata con las instrucciones de inicio de curso. (Abro hilo) pic.twitter.com/wWvxTVE1l4

— Emilio Ivars /❤️ (@eivars) September 3, 2019

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Insistimos, como venimos haciendo desde que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: El problema no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para aferrarse al poder en Madrid o en Murcia, han acabado por completar un escenario que no es precisamente halagüeño para los derechos LGTBI. Y ya empezamos a sufrirlo.