El Gobierno canadiense presenta un proyecto de ley para prohibir las «terapias» de conversión en menores

Canadá avanza hacia la prohibición de las mal llamadas «terapias» reparativas o de conversión en menores de edad. El ministro de Justicia David Lametti (en la imagen) ha presentado ante el Senado un proyecto de ley para penalizar, con hasta cinco años de cárcel, estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida era una promesa electoral del primer ministro Justin Trudeau, que revalidó su cargo en las elecciones del pasado mes de octubre aunque sin mayoría. Varios países, estados de Estados Unidos y tres provincias de la propia Canadá ya han regulado el veto a estas pseudoterapias.

La campaña contra las «terapias» de conversión comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero el Gobierno federal rechazó en marzo de 2019 legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril del año pasado un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de acabar la legislatura. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para los comicios del pasado mes de octubre, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, ahora sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. El pasado día 9, el ministro de Justicia David Lametti presentó ante el Senado el proyecto de ley que reformará el Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. Las penas pueden alcanzar los cinco años de cárcel.

La situación en otros países

Cada vez más territorios adoptan normas para prohibir las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. California fue el primer estado de Estados Unidos en hacerlo en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron Oregón, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware, New Hampshire, Nueva York, Colorado, Massachusetts, Utah y Virginia, el último por ahora, cuya norma entrará en vigor el 1 de julio de este año.

En abril del año pasado se les unió Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido dan pasos en la misma dirección y también se debate sobre el asunto en Alemania y Austria. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Conviene asimismo recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (y no solo debido al escándalo de la diócesis de Alcalá: otros casos recientes como el de la «terapeuta» Elena Lorenzo, las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

«No» rotundo de los especialistas a las «terapias» reparadoras

A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser «honestos» con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.