Ghana: una proposición de ley pretende recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI y criminalizar la defensa de sus derechos

Los intentos de redoblar la persecución de las personas LGTBI en África no cesan. En Ghana, un grupo de parlamentarios de la oposición ha presentado una proposición de ley para ampliar los delitos y las penas relacionados con la pertenencia a minorías sexuales. Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo ya están castigadas con hasta tres años de cárcel, el nuevo texto contempla perseguir también a las organizaciones LGTBI y a cualquiera que se identifique como LGTBI o muestre apoyo a la comunidad. La propuesta ha generado el rechazo de la ONU por vulnerar derechos humanos básicos e impedir el trabajo, entre otras, de las entidades de lucha contra el VIH/sida.

En julio, diputados de la oposición presentaron ante el Parlamento de Ghana la «proposición de ley para la promoción de los adecuados derechos sexuales humanos y los valores familiares ghaneses». Bajo este eufemístico título, el texto contempla una reforma penal que empeoraría gravemente las ya difíciles condiciones de vida de la comunidad LGTBI en el país.

Mientras que la legislación vigente prevé hasta tres años de cárcel por mantener relaciones sexuales «antinaturales», la propuesta actual amplía dicha pena a cualquier persona que «contraiga o pretenda contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo», se identifique como «lesbiana, gay, transgénero, transexual, queer, pansexual, aliado, no binaria o cualquier otra identidad sexual o de género que sea contraria a las categorías binarias de masculino y femenino», o realice o se someta a una operación de reasignación de género. Las penas podrían verse reducidas si el acusado muestra su arrepentimiento y pide «ayuda o tratamiento médico».

Además, las muestras de afecto entre personas del mismo sexo o el travestismo se castigarían con penas de entre seis meses y un año de cárcel, mientras que para la «propaganda, promoción o apoyo» de las actividades prohibidas por el texto se contemplan entre cinco y diez años de cárcel. Las asociaciones LGTBI quedarían automáticamente ilegalizadas con la entrada en vigor de la ley. La proposición también incluye la obligación de reportar a las autoridades si se tiene conocimiento de la comisión de alguno de los delitos recogidos en la misma.

La draconiana medida fue admitida a trámite a principios de agosto y se desconoce aún si conseguirá un apoyo mayoritario en el Parlamento. Si se aprobara, la última palabra la tendría el presidente Nana Akufo-Addo, que podría promulgar el texto o vetarlo. Por lo pronto, la propuesta ha provocado un fuerte rechazo en la comunidad internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un análisis que concluye que la entrada en vigor de la ley «equivaldría a la violación de una serie de estándares de derechos humanos, incluida la prohibición absoluta de la tortura». La proposición dificultaría enormemente el trabajo de las organizaciones pro derechos humanos, incluidas las que luchan contra el VIH/sida.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Acra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas. En septiembre de 2015, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.

La atmósfera de hostilidad parece haberse extendido este año. En febrero informábamos del asalto, por parte de las fuerzas de seguridad, de la oficina del colectivo LGBT+ Rights Ghana, después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamasen su cierre. En mayo, 21 activistas (16 hombres y cinco mujeres) fueron arrestados en el hotel donde mantenían una reunión sobre violaciones de derechos LGTBI en Ghana. Tras tres semanas de detención, fueron puestos en libertad bajo fianza del equivalente a 707 euros.